El documento no puede ser más oportuno. Ahora cuando las administraciones municipales han comenzado a trabajar y cuando el gobernador electo de Jalisco, Emilio González Márquez, ha dado a conocer los nombres de quienes integran su equipo de trabajo, el "Código de ética de los servidores públicos del Partido Acción Nacional" viene como anillo al dedo.
Y no se crea que se trata de una versión nueva. No. Fue difundida ampliamente hace ya cinco años, a propósito de casos de reparto de favores que escandalizaron a la opinión pública. Con su código de ética, el PAN, en teoría, pretende diferenciarse de otros partidos en su manera de ejercer el gobierno.
El apartado "Desinterés e imparcialidad" es un poema y, entre otros postulados contiene los siguientes:

11. Actuaré procurando el Bien Común, sin buscar intereses particulares ni beneficios personales, para familiares y amistades. Esto implica no involucrarme en situaciones o actividades que signifiquen un conflicto de intereses, personales o familiares, en mi labor como servidor público.

12. Me conduciré en el desempeño de la responsabilidad pública con imparcialidad, respetando el derecho de todas las personas y rechazando cualquier procedimiento que privilegie ventajas personales o de grupo.

13. Me abstendré de utilizar información en beneficio propio, de terceros o para fines distintos a los que son inherentes a mi responsabilidad pública.
14. No aceptaré, ofreceré ni otorgaré, directa o indirectamente, dinero, dádivas, favores o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas. No realizaré labores de gestoría remuneradas ante instancias del propio ámbito de responsabilidad o de otros niveles de gobierno.

15. Privilegiaré el diálogo y la concertación en la resolución de conflictos. El uso legítimo de la fuerza se limitará al mínimo indispensable y una vez agotados todos los recursos de negociación.

16. Aplicaré, transparente y responsablemente, los recursos públicos, evitando cualquier discrecionalidad o desvío en la disposición de los mismos. Los recursos públicos en ningún caso se utilizarán para campañas electorales.

17. Percibiré por mi trabajo sólo la remuneración justa y equitativa que sea acorde a mi función, responsabilidades y a las circunstancias de mi comunidad.

18. Nunca incluiré en la nómina a personas que no laboren en la dependencia a mi cargo y no asignaré remuneraciones fuera de la nómina o presupuestos aprobados legalmente.

19. Contrataré para los cargos públicos de mi dependencia, sólo a quienes reúnan el perfil para desempeñarlos con ética, con la aptitud y la actitud necesarias.

20. No intervendré en la designación o contratación, de mi cónyuge o parientes hasta el cuarto grado, para que presten sus servicios remunerados en las oficinas públicas a mi cargo.

21. Utilizaré las oficinas y locales gubernamentales para los fines que le sean propios.

22. Cuidaré el pago riguroso y puntual de los impuestos y obligaciones financieras que personalmente y a mi dependencia correspondan.

Los anteriores son algunos de los 34 puntos que contiene el "Código de ética de los servidores públicos del PAN".

Los hechos

El gobernador electo Emilio González Márquez nombra como secretario del Trabajo y Previsión Social a un ingeniero industrial, Ernesto Espinoza Guarro, su sucesor interino al frente de la presidencia municipal de Guadalajara. El propio interesado confiesa que del tema va a comenzar a enterarse. El más elemental sentido común recomienda que en materia de relaciones entre empresarios y trabajadores y dada la naturaleza delicada y especializada del derecho laboral, al frente de la importante dependencia debería estar un profesional del derecho. En la tierra de Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta, Mariano Azuela, Alberto Orozco y tantos jurisconsultos que han dado prestigio a Jalisco en la materia, el gobernador González Márquez no encontró un abogado medianamente enterado del derecho laboral para encargarle la Secretaría del Trabajo, sino a un correligionario y amigo de profesión ingeniero. ¡Qué acierto!
El mismo gobernador electo, cuando de anunciar su futuro equipo de trabajo se trataba, ofrecía otorgar el 50% de los cargos de su gabinete a mujeres, no por el sólo hecho de serlo, sino porque en Jalisco abundan las profesionales reconocidas por su preparación. Ha habido y hay ministras y magistradas del ramo judicial, catedráticas e investigadoras, empresarias, trabajadoras sociales, en fin, mujeres destacadas en su campo de acción. Sin embargo, el señor González Márquez faltó a su palabra y nombró sólo a dos mujeres en su gabinete.
En la mayoría de los demás nombramientos también imperó la relación personal y el compromiso político, eso sí, dentro del partido al que pertenece en este momento de su vida, porque antes militó en otro diferente.
Hay que insistir, no es para asustarse, la política es así. Los anuncios en el sentido de que los responsables del Poder Ejecutivo, sea municipal, estatal o federal escogerán a los mejores, a los más idóneos, a los más preparados, es pura teoría. La realidad monda y lironda ha demostrado, demuestra y demostrará que la selección favorece a los más adecuados para pagar favores, hacer alianzas, sellar amistades y hasta para garantizar complicidades.
Cada uno de los secretarios del gabinete y los funcionarios del resto del equipo cubren perfectamente el requisito de mantener relaciones amistosas o políticas cercanas con Emilio González Márquez. El hecho no es para rasgarse las vestiduras ni para cubrirse la cabeza de ceniza, lo importante serán los resultados.
Casos como el de César Coll Carabias, por ejemplo, quien al frente de la CEAS será el responsable de supervisar la aplicación de presupuestos de miles de millones de pesos en obras de agua potable y alcantarillado, es el mismo que cuando estaba en espera de tomar posesión de presidente municipal de Guadalajara, su antecesor, Alberto Mora López, asignó un presupuesto para gastos de la ceremonia y de la transición propiamente dicha. Coll se repartió entre él y sus colaboradores el dinero y cuando se le pidió explicar el motivo, con claridad que rayaba en cinismo respondió, palabras más, palabras menos, pero en esencia: “Gastamos mucho dinero en la campaña y durante ese tiempo no recibimos sueldo de ninguna parte, ¿de qué quieren que vivamos mientras comenzamos a cobrar en el Ayuntamiento?”
Con ese tipo de criterios será manejado el presupuesto de la CEAS.
Por eso, no andan muy errados quienes consideran que algunas personas en cargos públicos se comportan como los perros cuando los ponen a cuidar la longaniza.
En consecuencia, las decisiones de Emilio González no son como para quedarse helado de la sorpresa, ya que cuando andaba en busca del cargo de presidente municipal prometió y ofreció hacerlo hasta con firma ante un notario público que duraría los tres años de su periodo gubernamental al frente del Ayuntamiento de Guadalajara y los hechos demostraron que más pronto cae un hablador que un cojo.
Otros hechos de llamar la atención sobre el comportamiento de quien gobernará a Jalisco durante los próximos seis años son los siguientes:
Ofreció como presidente municipal ejecutar dos obras, las más importantes de su gobierno, como son los pasos a desnivel en el cruce de López Mateos y Lázaro Cárdenas y la Calzada Independencia y el Periférico Norte. Ninguna de las dos terminó como presidente municipal. Para colmo, la vialidad de Lázaro Cárdenas no fue ejecutada en el cruce con López Mateos, que es donde se necesita por el intensísimo tráfico de vehículos y peatones, sino cuadras al oriente, donde, la verdad, no era indispensable, porque ya había puente en el cruce con Mariano Otero.
Por si el incumplimiento de sus promesas fuere poco, en las dos obras el gasto se disparó muy por encima de lo presupuestado.
Los anteriores son hechos que obligan a la sociedad a estar pendiente de la administración de Emilio González Márquez para que cumpla lo que ofrece, porque, hasta ahora, sus antecedentes no lo avalan.
De la participación de la sociedad dependerá el comportamiento de la Administración estatal próxima. Sobre advertencia no hay engaño.

Si no hay más mujeres en el gabinete que anunció Emilio González, se debe a que "las políticas públicas se diseñan sólo para los hombres, o pensando en la idiosincrasia masculina"

Eduardo Rosales Presidente
del PAN en Jalisco

González Márquez no encontró un abogado medianamente enterado del derecho laboral para encargarle la Secretaría del Trabajo, sino a un correligionario y amigo de profesión ingeniero.
¡Qué acierto!

El documento no puede ser más oportuno. Ahora cuando las administraciones municipales han comenzado a trabajar y cuando el gobernador electo de Jalisco, Emilio González Márquez, ha dado a conocer los nombres de quienes integran su equipo de trabajo, el "Código de ética de los servidores públicos del Partido Acción Nacional" viene como anillo al dedo.
Y no se crea que se trata de una versión nueva. No. Fue difundida ampliamente hace ya cinco años, a propósito de casos de reparto de favores que escandalizaron a la opinión pública. Con su código de ética, el PAN, en teoría, pretende diferenciarse de otros partidos en su manera de ejercer el gobierno.
El apartado "Desinterés e imparcialidad" es un poema y, entre otros postulados contiene los siguientes:

11. Actuaré procurando el Bien Común, sin buscar intereses particulares ni beneficios personales, para familiares y amistades. Esto implica no involucrarme en situaciones o actividades que signifiquen un conflicto de intereses, personales o familiares, en mi labor como servidor público.

12. Me conduciré en el desempeño de la responsabilidad pública con imparcialidad, respetando el derecho de todas las personas y rechazando cualquier procedimiento que privilegie ventajas personales o de grupo.

13. Me abstendré de utilizar información en beneficio propio, de terceros o para fines distintos a los que son inherentes a mi responsabilidad pública.
14. No aceptaré, ofreceré ni otorgaré, directa o indirectamente, dinero, dádivas, favores o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas. No realizaré labores de gestoría remuneradas ante instancias del propio ámbito de responsabilidad o de otros niveles de gobierno.

15. Privilegiaré el diálogo y la concertación en la resolución de conflictos. El uso legítimo de la fuerza se limitará al mínimo indispensable y una vez agotados todos los recursos de negociación.

16. Aplicaré, transparente y responsablemente, los recursos públicos, evitando cualquier discrecionalidad o desvío en la disposición de los mismos. Los recursos públicos en ningún caso se utilizarán para campañas electorales.

17. Percibiré por mi trabajo sólo la remuneración justa y equitativa que sea acorde a mi función, responsabilidades y a las circunstancias de mi comunidad.

18. Nunca incluiré en la nómina a personas que no laboren en la dependencia a mi cargo y no asignaré remuneraciones fuera de la nómina o presupuestos aprobados legalmente.

19. Contrataré para los cargos públicos de mi dependencia, sólo a quienes reúnan el perfil para desempeñarlos con ética, con la aptitud y la actitud necesarias.

20. No intervendré en la designación o contratación, de mi cónyuge o parientes hasta el cuarto grado, para que presten sus servicios remunerados en las oficinas públicas a mi cargo.

21. Utilizaré las oficinas y locales gubernamentales para los fines que le sean propios.

22. Cuidaré el pago riguroso y puntual de los impuestos y obligaciones financieras que personalmente y a mi dependencia correspondan.

Los anteriores son algunos de los 34 puntos que contiene el "Código de ética de los servidores públicos del PAN".

Los hechos

El gobernador electo Emilio González Márquez nombra como secretario del Trabajo y Previsión Social a un ingeniero industrial, Ernesto Espinoza Guarro, su sucesor interino al frente de la presidencia municipal de Guadalajara. El propio interesado confiesa que del tema va a comenzar a enterarse. El más elemental sentido común recomienda que en materia de relaciones entre empresarios y trabajadores y dada la naturaleza delicada y especializada del derecho laboral, al frente de la importante dependencia debería estar un profesional del derecho. En la tierra de Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta, Mariano Azuela, Alberto Orozco y tantos jurisconsultos que han dado prestigio a Jalisco en la materia, el gobernador González Márquez no encontró un abogado medianamente enterado del derecho laboral para encargarle la Secretaría del Trabajo, sino a un correligionario y amigo de profesión ingeniero. ¡Qué acierto!
El mismo gobernador electo, cuando de anunciar su futuro equipo de trabajo se trataba, ofrecía otorgar el 50% de los cargos de su gabinete a mujeres, no por el sólo hecho de serlo, sino porque en Jalisco abundan las profesionales reconocidas por su preparación. Ha habido y hay ministras y magistradas del ramo judicial, catedráticas e investigadoras, empresarias, trabajadoras sociales, en fin, mujeres destacadas en su campo de acción. Sin embargo, el señor González Márquez faltó a su palabra y nombró sólo a dos mujeres en su gabinete.
En la mayoría de los demás nombramientos también imperó la relación personal y el compromiso político, eso sí, dentro del partido al que pertenece en este momento de su vida, porque antes militó en otro diferente.
Hay que insistir, no es para asustarse, la política es así. Los anuncios en el sentido de que los responsables del Poder Ejecutivo, sea municipal, estatal o federal escogerán a los mejores, a los más idóneos, a los más preparados, es pura teoría. La realidad monda y lironda ha demostrado, demuestra y demostrará que la selección favorece a los más adecuados para pagar favores, hacer alianzas, sellar amistades y hasta para garantizar complicidades.
Cada uno de los secretarios del gabinete y los funcionarios del resto del equipo cubren perfectamente el requisito de mantener relaciones amistosas o políticas cercanas con Emilio González Márquez. El hecho no es para rasgarse las vestiduras ni para cubrirse la cabeza de ceniza, lo importante serán los resultados.
Casos como el de César Coll Carabias, por ejemplo, quien al frente de la CEAS será el responsable de supervisar la aplicación de presupuestos de miles de millones de pesos en obras de agua potable y alcantarillado, es el mismo que cuando estaba en espera de tomar posesión de presidente municipal de Guadalajara, su antecesor, Alberto Mora López, asignó un presupuesto para gastos de la ceremonia y de la transición propiamente dicha. Coll se repartió entre él y sus colaboradores el dinero y cuando se le pidió explicar el motivo, con claridad que rayaba en cinismo respondió, palabras más, palabras menos, pero en esencia: “Gastamos mucho dinero en la campaña y durante ese tiempo no recibimos sueldo de ninguna parte, ¿de qué quieren que vivamos mientras comenzamos a cobrar en el Ayuntamiento?”
Con ese tipo de criterios será manejado el presupuesto de la CEAS.
Por eso, no andan muy errados quienes consideran que algunas personas en cargos públicos se comportan como los perros cuando los ponen a cuidar la longaniza.
En consecuencia, las decisiones de Emilio González no son como para quedarse helado de la sorpresa, ya que cuando andaba en busca del cargo de presidente municipal prometió y ofreció hacerlo hasta con firma ante un notario público que duraría los tres años de su periodo gubernamental al frente del Ayuntamiento de Guadalajara y los hechos demostraron que más pronto cae un hablador que un cojo.
Otros hechos de llamar la atención sobre el comportamiento de quien gobernará a Jalisco durante los próximos seis años son los siguientes:
Ofreció como presidente municipal ejecutar dos obras, las más importantes de su gobierno, como son los pasos a desnivel en el cruce de López Mateos y Lázaro Cárdenas y la Calzada Independencia y el Periférico Norte. Ninguna de las dos terminó como presidente municipal. Para colmo, la vialidad de Lázaro Cárdenas no fue ejecutada en el cruce con López Mateos, que es donde se necesita por el intensísimo tráfico de vehículos y peatones, sino cuadras al oriente, donde, la verdad, no era indispensable, porque ya había puente en el cruce con Mariano Otero.
Por si el incumplimiento de sus promesas fuere poco, en las dos obras el gasto se disparó muy por encima de lo presupuestado.
Los anteriores son hechos que obligan a la sociedad a estar pendiente de la administración de Emilio González Márquez para que cumpla lo que ofrece, porque, hasta ahora, sus antecedentes no lo avalan.
De la participación de la sociedad dependerá el comportamiento de la Administración estatal próxima. Sobre advertencia no hay engaño.

Que el gasto público será aplicado con transparencia

El presidente municipal, Jorge Vizcarra, ofreció transparencia en la aplicación del gasto público que, en 2007, ascenderá a casi 500 millones de pesos.Concretamente en el caso de sueldos y
prestaciones, Vizcarra dijo que no habrá discrecionalidad ni secretismo, sino que se conocerán
públicamente y se atenderá la recomendación del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial.Con el fin de que la sociedad sepa de qué se está hablando, es bueno hacer un ejercicio por grupos de partidas específicas:

De la partida 1101 a la 1601 de sueldos y prestaciones, la suma alcanza 243 millones 536 mil pesos, equivalentes al 50% del gasto total. En este caso, la ley manda el desglose por cargos y la división de salario y compensación por cada uno para saber, desde el presidente, los regidores, los directores y mandos medios cuánto le cuestan al contribuyente.

Las partidas de la 9102 a la 9401 dedican 71.8 millones de pesos, el monto más cuantioso después de sueldos, al pago de préstamos e intereses con bancos y adeudos a proveedores de bienes y servicios. Por su origen, aplicación y manejo, estos conceptos ameritan no sólo extremo cuidado en el año 2007, sino revisión de su pasado.

(De la partida 2101 a la 2802, el importe asciende a 33 millones 845 mil pesos y dado el destino del dinero se antoja poco el monto comparativamente con las necesidades.

De la partida 3101 a la 3803, por un total de 48 millones de pesos, el gasto más cuantiosa asciende a 21 millones de pesos por consumo de energía eléctrica, lo que obliga a revisar el uso que cada oficina hace de tan elemental servicio. El arrendamiento de maquinaria y equipo por 2.8 millones hace pensar en que si no sería mejor un programa de adquisición y amortización paulatina de algo que ya quedaría en propiedad del Ayuntamiento. Finalmente, el renglón de pago por servicios profesionales no especificados se presta a vigilar y transparentar al detalle el uso los más de dos millones de pesos para que no vayan a ser utilizados como caja chica a favor de sabrá Dios quién…

De la partida 5101 a la 5701, por 8.6 millones de pesos, resaltan los 3.9 millones de pesos para la compra de vehículos y los apenas 331 mil pesos para la adquisición de terrenos. ¿Habrá alguien en el Ayuntamiento que entienda la importancia de lo que se llama "reservas territoriales"? No hay inversión más útil para la comunidad que la adquisición de predios para enfrentar el reto del desarrollo del municipio. Desarrollos industriales y habitacionales, complejos deportivos, parques, jardines, universidades, rastros, mercados, centros de atención médica, unidades administrativas y un larguísimo etcéteras reclaman el establecimiento de reservas de terreno que pueden ser adquiridas con inversión municipal, estatal, federal y particular. Pero con 331 mil pesos no alcanza ni para una casita de interés social.

De la partida 6101 a la 6226 por 59 millones de pesos, apenas el 9.6 por ciento del gasto total, el Ayuntamiento calcula hacer obra pública. La pavimentación de calles, la electrificación y el agua potable son los renglones más beneficiados, pero comparativamente con las necesidades, se antoja muy pobre la inversión. Obras para sanear el medio ambiente, tan deteriorado en Tonalá, no aparecen, como la eliminación de los desechos del Rastro Municipal y los arroyos de aguas negras que contaminan tierra y aire.

Las partidas 7101 y 7201 para indemnizaciones y reintegros, por sólo 150 mil pesos, ni pintan frente a las demandas que la autoridad puede sufrir por daños y perjuicios que reciban los ciudadanos por deficientes servicios públicos. No hay que olvidar que, según la ley, ya puede ser demandado el Ayuntamiento por daños atribuibles a obras o servicios defectuosos.