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Jueves, 09 de febrero de 2012
 
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Indagan en la CEDHJ apoyo oficial a Vizcarra

Mario Gutiérrez Vega. MURAL

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) investiga el posible ejercicio indebido de la acción pública por parte de autoridades de Tonalá al proporcionar escoltas para el Alcalde Jorge Vizcarra Mayorga cuando ya estaba desa-forado.

Después de que el 19 de diciembre el Congreso del Estado le quitara el fuero constitucional que lo protegía, Vizcarra Mayorga huyó con tres de los siete guardaespaldas asignados por la Dirección de Seguridad Pública municipal para su custodia.

Dos días después, el director de la Policía tonalteca, Aldo Monjardín, aseguró que el Alcalde aún tenía protección de agentes municipales y que mantenía contacto con los escoltas, quienes no habrían revelado el lugar donde se escondían.

"Con este motivo se inició un acta de investigación en la que solicitamos al director general de la Policía de Tonalá que nos proporcione los nombres de los escoltas que tenía asignados y que nos diga si efectivamente se le siguió proporcionando ese servicio después del desafuero", indicó Arturo Martínez, cuarto visitador de la comisión.

Desde la semana pasada la CEDHJ realizó la solicitud y requirió al Ayuntamiento a dar la información.

Martínez destacó que buscan determinar quién ordenó que se siguiera otorgando protección y si existen elementos suficientes para abrir una queja de manera oficiosa.

"Podría encausarse como un ejercicio indebido de la función pública, el cual está catalogado como una violación en las comisiones de derechos humanos", agregó.

Vizcarra Mayorga está acusado de ordenar el asesinato de Carlos Romo Guízar, ex director de Mejoramiento Urbano de Tonalá.

Aceptan recomendación

La CEDHJ informó ayer que el Ayuntamiento de Guadalajara aceptó dos recomendaciones, la 1/08 y la 2/08, relacionadas con la reparación de daños causados por servidores públicos, el cambio de prácticas y la resolución de procedimientos administrativos contra policías municipales.

En la recomendación 2/08 el Ayuntamiento acepta iniciar procedimientos administrativos contra siete funcionarios involucrados en el fallecimiento de un detenido, el cual había sido golpeado por policías municipales; también aceptó pagar los daños y perjuicios provocados por la muerte del ciudadano.

 

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