Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos el 2 de mayo de 1999 con el argumento de que habían cometido delitos contra la salud, pese a que su única actividad fue defender los bosques de Guerrero mediante la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). En la región hubo una gran tala ilegal a cargo de empresas madereras que hacían esta actividad con apoyo del Gobierno. Por la presión de organizaciones nacionales e internacionales fueron liberados dos años después. Montiel recibió en el 2000 el Premio Goldman, equivalente ambientalista al premio Nobel.
Hermenegildo Rivas e Isidro Baldenegro, indígenas rarámuris, estuvieron encarcelados por la defensa del bosque comunal Coloradas de la Virgen, ubicado en Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental.
A ese sitio llegan a invernar ciento veinte especies de aves migratorias y residen veintiséis variedades en peligro de extinción. En abril del 2005 Baldenegro también recibió el premio internacional Goldman.
Felipe Arreaga fue aprehendido en noviembre de 2004 y aún sigue en prisión, a pesar de que se ha documentado que se fabricaron pruebas en su contra.
“Su único delito ha sido ser uno de los líderes de la OCESP y buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes de la sierra”, señalan las organizaciones ambientalistas Greenpeace y Centro Mexicano de Derecho Ambiental Albertano Peñalosa Domínguez, también líder de la OCESP, fue emboscado el 19 de mayo del 2005 en la comunidad de Banco Nuevo, municipio de Petatlán, Guerrero; en el atentado murieron dos de sus hijos, mientras que él y otro de sus vástagos quedaron heridos. La organización defensora de los Derechos Humanos Amnistía
Internacional registró, tan sólo en Brasil, más de mil crímenes
rurales en los últimos 20 años, “asesinados, reprimidos,
deshauciados, apartados de su territorio o condenados sin juicio”. Los indígenas y los periodistas que pretenden desvelar vínculos entre gobiernos corruptos y destrucción medioambiental se encuentran entre las víctimas más habituales.
A pesar que varias personas señalaron a policías del municipio de Guarizama, como los responsables del asesinato de los ambientalistas Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, hasta el momento no hay orden de captura para nadie. El 21 de diciembre 2006, los ambientalistas fueron ejecutados en plena vía pública. Unos días antes, ellos habían visitado las oficinas del Movimiento Ambientalista de Olancho, para denunciar que eran perseguidos por sujetos desconocidos.
Las amenazas, según explicaron ellos, provenían de los madereros de Salamá a quienes habían denunciado ante los tribunales. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, medidas cautelares para los ambientalistas, sin embargo no obtuvieron respuesta.
En los últimos 20 años fueron asesinados más de mil líderes campesinos, sacerdotes y sindicalistas en la Amazonia brasileña, muertes atribuidas a latifundistas brasileños.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”