Andan mal las cosas en el Ayuntamiento de Tonalá. Luego de la salida del presidente Jorge Vizcarra, por mandato del Congreso del Estado, en lugar de mejorar, la marcha de la Administración municipal ha retrocedido o se ha estancado.
Los hechos hablan de que el presidente municipal sustituto, Salvador González del Toro, no ata ni desata, a pesar de que ya va para dos meses al frente del Ayuntamiento.
En la sesión del Ayuntamiento celebrada el Jueves 31 de Enero de 2008, último día para cumplir la obligación de celebrar dos reuniones del pleno por mes, quedaron al descubierto pruebas de incumplimiento de la ley y malos manejos del dinero público.

1 El director de Seguridad Pública Municipal, Aldo Monjardín Díaz, proporcionó escoltas al desaforado presidente municipal, Jorge Vizcarra, a sabiendas de que ya no ocupaba cargo público y de que era prófugo de la justicia. Inclusive declaró públicamente que mantenía comunicación con los escoltas que acompañaban al fugitivo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga el caso, por tratarse del uso ilegal de recursos públicos, a pesar de lo cual, los regidores del PAN se negaron a citar al director de Seguridad para que explicara el hecho ante el pleno del Ayuntamiento.

2 Otro hecho ilegal consiste en que a pesar de que la norma establece que los recursos federales dedicados a obra pública municipal deben ser ejercidos dentro del mismo periodo anual para el que fueron programados, el Ayuntamiento de Tonalá no terminó en 2007 trabajos como la pavimentación, la red de agua y drenaje y las banquetas de la calle Tlaquepaque en la Colonia Jalisco.
Lo mismo ocurre en obras de electrificación, concretamente en la colonia Las Conchitas.

3 Un hecho ilegal más es el programa “Mejora tu casa” que proyectó 500 acciones en 2007 y no fueron ejecutadas ni 40, prueba evidente de que el Ayuntamiento de Tonalá no cumple.

4 El pleno del Ayuntamiento de Tonalá aprobó el presupuesto de egresos correspondiente a 2008 por alrededor de 500 millones de pesos. Sin embargo, el documento enviado al Congreso del Estado incluye partidas que debieron ser ejercidas en 2007, por más de 50 millones de pesos. Este hecho se presta a pensar en que deliberadamente fue modificado el presupuesto enviado al Congreso para ocultar partidas mal aplicadas en 2007. Si el documento entregado al Poder Legislativo no es el mismo firmado por todos los regidores, no sólo no es válido, sino que debe ser investigado para conocer las causas de su alteración.

5 Los recursos económicos y los programas del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que maneja dinero federal, estatal, municipal y de los particulares están bajo severos cuestionamientos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Tonalá no ha transparentado su aplicación, a 13 meses de iniciada la Administración municipal, incumpliendo así la ley.

6 Vecinos del crucero de las calles Obregón, Zapata y Cuauhtémoc, como las señoras Mercedes Ordóñez de Gómez, y Eloisa Arredondo de Arana, así como decenas de personas que se manifestaron públicamente en el Palacio Municipal el Jueves 31 de Enero, denunciaron el incumplimiento de las autoridades municipales de sus propias normas. La esquina de Cuauhtémoc y Obregón es basurero público y de los locatarios del Mercado Municipal, al grado de que los propios camiones recolectores usan el sitio como centro de acopio. Los camiones transportadores de carne del Rastro Municipal llegan a esa misma esquina y luego de descargar, lavan la sangre y desperdicios de sus unidades ahí mismo. En lugar de ordenar que lo hagan en el Rastro, la autoridad intentó construir una boca de tormenta en la esquina de Obregón y Zapata para recoger las aguas sucias. Los vecinos protestaron y se suspendió la obra.
Las quejosas dijeron que pareciera que en Tonalá no hay gobierno. Cada quien hace lo que quiere. La prueba es la proliferación del comercio ambulante en las recién renovadas calles del centro de la cabecera municipal y el funcionamiento de giros de máquinas electrónicas fuera de las horas permitidas por el reglamento. Todo mundo se instala en vía pública y obstruye las banquetas como si no hubiera ley ni quien la haga cumplir.

7 Los ladrilleros de la zona de Santa Paula, Arroyo de Enmedio, La Ladrillera de la Curva y Jauja, encabezados por el “padre Patillas”, denunciaron ante el Ayuntamiento que se pretende desalojarlos por presiones de los fraccionadores, cuando tienen toda la vida trabajando ahí. No se les ofrece alternativa para mejorar sus sistemas de trabajo, sino simplemente que se vayan. Los quejosos manifiestan que el Ayuntamiento es incongruente porque él mismo les vende la leña para sus hornos.

8 Los colonos de Alamedas de San Gaspar también acudieron al Palacio Municipal para protestar porque el Ayuntamiento no les ha cumplido la construcción de un puente peatonal para cruzar el Periférico. En anterior manifestación, el presidente municipal les prometió la obra y a la fecha la autoridad ha olvidado su compromiso.

9 Los integrantes de la hermandad de la Cruz Blanca y los vecinos del barrio se manifestaron porque la histórica plazoleta, rescatada como patrimonio de los tonaltecas desde 1983 y restaurada por la actual Administración municipal, está en peligro de ser convertida en tianguis, desvirtuando así las obras de mejoramiento urbano. Se quejan los interesados, como José Jarero, de que si la autoridad no hace valer ni sus propias obras, la anarquía es el resultado de la falta de gobierno.

10 Las sesiones del Ayuntamiento se suspenden, se posponen, se retrasan, se manipulan pasando por encima de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco, así como del propio reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, en clara demostración del desorden que impera en la institución que debería ser ejemplo de disciplina y respeto de las normas establecidas. Si la autoridad no respeta sus propias disposiciones, ¿con qué cara puede pedirle a los ciudadanos que cumplan sus obligaciones legales?

11 En lo que va de la Administración municipal se han gastado más de cuatro millones de pesos en indemnizar empleados corridos y se tienen presupuestados ocho millones en 2008 para el mismo fin. Un gasto de tal naturaleza es inmoral e ilegítimo en un municipio con tantas carencias; en un gobierno con tan pocos resultados y que está casi a la mitad del camino.
Se regatean 300 mil pesos para un proyecto educativo, mientras se tira el dinero en cesar a trabajadores, algunos de los cuales tienen años de antigüedad y familia que mantener.

12 Acto ilegal es haber habilitado como director de los Juzgados Municipales a Juan Ramón Castañeda Núñez, con un sueldo de 22 mil pesos mensuales desde Abril de dos mil siete, cuando los Juzgados ni siquiera existen. Este caso incurre en responsabilidad quien lo nombró, quien le paga, y el propio interesado, por que a sabiendas de que la función no existe legalmente se ha hecho una erogación económica fuera de norma.
Las anteriores son pruebas, son hechos que exhiben la falta de autoridad en el municipio de Tonalá, lo que pone en riesgo la existencia misma del Ayuntamiento.
En el seno del Congreso del Estado hay voces que piden el análisis de la situación que priva en el Gobierno Municipal de Tonalá, ante la posibilidad de que el desorden pudiera desembocar en el nombramiento de un Concejo Municipal que devuelva la gobernabilidad.
A pesar de que el presupuesto asciende a más de 500 millones de pesos en este año de 2008,el dinero se gasta en propaganda, en montaje de actos suntuarios, en salarios desproporcionados comparativamente con la situación económica de la inmensa mayoría de la población.
Los deficientes servicios públicos y la ausencia de obras importantes demuestran que hay peligro de que el Congreso del Estado vuelva a actuar, ahora para instalar autoridades que sí le sirvan a la sociedad de Tonalá.

Marco de referencia
La Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco establece las causas por las que un Ayuntamiento puede ser desintegrado y sustituido por un Concejo Municipal.

De la Desintegración

Artículo 19. Corresponde al Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los Ayuntamientos previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados.

Artículo 20. Son causas de desintegración del Ayuntamiento:
III. Por la comisión de hechos ilícitos que culminen por declaratoria de responsabilidad, hecha por el Congreso del Estado, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, respecto de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento y no pueda integrarse éste, aún con los suplentes; y
IV. Cuando no sea posible el ejercicio de las funciones de un Ayuntamiento conforme el orden Constitucional, Federal o Estatal.

Artículo 22. Corresponde al Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa del o los afectados.

Artículo 23. Los miembros de los Ayuntamientos pueden ser suspendidos, hasta por un año, por cualquiera de las siguientes causas:
I. Por infringir los principios constitucionales federales o estatales;
V. Por abuso de autoridad o realización de actos que alteren el orden, la tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de los habitantes del Municipio, declarada por el Ayuntamiento;
VI. Por desatender de manera constante el cumplimiento de sus funciones o las decisiones del Ayuntamiento;
VII. Porque se dicte auto de formal prisión por la comisión de delito doloso, previa declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado. En este caso, la suspensión surtirá efectos a partir del momento en que se dicte el auto de formal prisión y quedará sin efectos al dictarse la sentencia absolutoria; y

Artículo 24. Se puede revocar el mandato de los miembros del Ayuntamiento por alguna de las siguientes causas:
II. Por incapacidad permanente física o mental;

Artículo 26. Cuando exista una situación que por su gravedad haga imposible el gobierno o la gestión administrativa de un Ayuntamiento, o en caso de declararse la desintegración del Ayuntamiento por el Congreso del Estado, éste deberá proceder a designar e instalar un Concejo Municipal, formado por un número igual de regidores al que debe tener ese Municipio. Los miembros designados deben reunir los mismos requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley Electoral del Estado para ser regidor.

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