|
||||||||||||||||
|
Administración y ventas de publicidad: E-mail:
Oficinas +52 (33) 36 83 18 81
Version Web
*Los artículos firmados son |
Llamadas desesperadas |
| Mario Gutiérrez. Mural. |
 |
"Ocupa tres de estos para que pueda hacerse algo", le dijeron en la Cruz Verde de Tonalá a Iris Angélica Martínez Larios tras entregarle el parte médico que documentaba las agresiones de su pareja Manuel González Álvarez. El 5 de junio del año pasado llegó a los servicios médicos con moretones de 10 centímetros en el brazo izquierdo, en la espalda y un golpe de 25 centímetros de diámetro en la pierna derecha. "No pone en peligro la vida y tarda menos de 15 días en sanar", escribió la doctora María Elena Becerra en el parte de lesiones 2703. La noche anterior, Iris y Manuel habían discutido. Como en otras ocasiones ella no quería que sus dos hijos observaran la riña e intentó subir por la escalera, pero Manuel la detuvo y la aventó. Rodó por los escalones hasta que un sillón la detuvo en el suelo. No era la primera vez que era víctima de violencia, pero sí la primera ocasión que acudía a recibir atención médica por los golpes propinados por su pareja. No sabía a lo que se enfrentaba. Indignada por la respuesta en la Cruz Verde, Iris les recriminó: "¿Tengo que esperar a que me tenga en el hospital o a que me mate para que lo detengan?" El personal de servicios médicos siguió el protocolo para estos casos. Apuntó los datos en un libro de empastado oscuro, como los utilizados en la burocracia para registrar entradas y salidas, y orientó a la agredida sobre los servicios que presta el DIF y la posibilidad de acudir a la Procuraduría de Justicia. En el parte médico se consignó que el reporte sería enviado al Ministerio Público, lo que nunca ocurrió. Ni la Policía ni otra autoridad conoció oficialmente de la agresión. Sin redes de coordinación, nadie actuó. Hasta entonces parecía otro caso de violencia intrafamiliar, uno más de los 67 registrados entre septiembre y octubre en ese libro de empastado oscuro de la Cruz Verde tonalteca. Las mujeres agredidas llegan como personas con males gastrointestinales: 16 casos por semana en promedio. Iris, de 36 años, guardó el parte médico con la ilusión de que esa hoja tamaño carta, frágil ante cualquier contacto, le sirviera como un escudo ante las agresiones. El papel mal escrito probaría los maltratos y, con suerte, asustaría a Manuel, de 39 años y almacenista en una tienda Gigante. En los primeros meses del 2007 ya habían intentado arreglar sus diferencias de pareja. Iris buscó ayuda en el DIF tonalteca, quería que Manuel recibiera tratamiento para que no fuera agresivo. Fue inútil. Acudieron dos veces al sicólogo para calmar los celos y la desconfianza de Manuel. A todo dijo que sí, pero a la tercera cita ya no acudió y la terapia se dio por terminada. Este hombre con estudios de secundaria sentía que era una pérdida de tiempo. Las agresiones verbales llegaban primero. Los dos trabajaban, pero eran suficientes unas horas de convivencia para iniciar la discusión. Él le recriminaba que la vivienda no estuviera ordenada o sobre la apariencia de sus hijos; ella reclamaba más dinero para alimentos y enseres familiares, el sueldo de Iris como vigilante en el Gigante era invertido en la casa y apenas le alcanzaba. Las discusiones eran cotidianas y la noche del 3 de abril no fue la excepción. Manuel amenazó con buscar otra mujer, metió pantalones en una mochila y salió de su casa. Minutos después regresó, pero Iris no lo dejó entrar. Buscó ingresar en la vivienda por la fuerza, saltó una barda y rompió un cristal. La Policía intervino. Pedro Covarrubias y Domingo González, policías de Tonalá, lo remitieron a los separos de la corporación municipal. Los uniformados dejaron a Manuel a disposición del jurídico para que respondiera por los daños ocasionados al domicilio. Traía dinero y pudo salir esa madrugada. Era la segunda vez que la Policía tonalteca mediaba en un pleito de la pareja. En ningún caso se consignaron los antecedentes del agresor ni se establecieron medidas preventivas o correctivas. Iris pidió que Manuel permaneciera detenido durante 24 horas, eso le daría oportunidad de huir de casa antes de que él regresara. Manuel sabía lo que necesitaba para evitar que ella se fuera. Horas después del incidente dejó los separos y acudió a prevención social de la Policía de Tonalá por un citatorio para su pareja. Prevención social pidió que explicara las razones del enfado, pero Manuel se negó y limitó sus palabras a decir que lo haría cuando ella estuviera presente. De forma inusual, la oficina entregó un citatorio para el mismo día a las 13:00 horas. "La mayoría de las veces no lo damos el mismo día, lo agendamos, pero por la urgencia se entregó", justifica Baloy Sánchez, coordinadora de prevención social de la Policía. El citatorio fue utilizado por Manuel como arma de intimidación. Se presentó en su casa, temprano, y se lo enseñó guardado en un sobre, el cual tenía el sello de la Policía y el escudo del Ayuntamiento de Tonalá. La formalidad del papel atemorizó a Iris. Había pensado en abandonar su casa ese día y ahora con el requerimiento policial creía estar obligada a presentarse. El papel carecía de validez jurídica y era sólo aclaratorio. Como siempre, Manuel tenía una buena imagen frente a los desconocidos. Baloy Sánchez lo observó como una persona atenta. Acostumbrada a tratar con hombres y mujeres agresivos, en este caso la funcionaria percibió, sin ahondar más, que no era una situación grave: "Somos una autoridad preventiva. La señora no nos señaló, de manera alarmante, la violencia". La cita sirvió de poco. Discutieron y ella señaló que lo abandonaría por sus maltratos. Trabajo social intentó mediar, planteó las opciones para arreglar el problema y, aunque no estaban casados, los invitó a firmar un acuerdo de separación sin validez jurídica, pero no accedieron. Salieron por la misma puerta sin hablar. Iris seguía indefensa, sin protección. El 24 de agosto, siete días antes de la agresión de su pareja contra ella y su familia acudió a un Juzgado Mixto de Paz en Villa de Álvarez, Colima, a donde pensaba irse a vivir ya sin su pareja. Ahí todo sería más fácil, su mamá vivía en la Ciudad de Colima. El Juez Ramón Cuevas Cobián se convirtió en simple testigo de una comparecencia que pretendió informar a la autoridad, a quien fuera, del abandono de su hogar por "malos tratos tanto físicos como sicológicos que su pareja le propinaba". Fue la última vez que pidió auxilio. Nadie respondió. La siguiente ocasión en tener contacto con una autoridad fue en la mañana del 31 de agosto, cuando su madre y tres de sus hijos murieron y ella estaba grave, hospitalizada por un balazo que su pareja le propinó. |
|
|
Todos los Derechos Reservados.
