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Miércoles, 08 de febrero de 2012
 
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Inminente el desalojo de las ladrilleras de Tonalá; se ignora dónde serán reubicadas

Eugenia Barajas. La Jornada Jalisco.

Ante el inminente desalojo de las ladrilleras de Tonalá por parte del Ayuntamiento para evitar la contaminación y que perjudicará a cientos de trabajadores de Coyula y Santa Paula, los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitarán una explicación a los ediles panistas para que les aclaren en qué predio será la reubicación y las nuevas formas ecológicas de laborar que mantiene en la incertidumbre a los jornaleros.

El 31 de marzo es la fecha para que desalojen las áreas que tienen trabajando desde hace años los ladrilleros de Coyula, en el acuerdo firmado el 11 de enero de este año, no se especifica en que forma los apoyará el municipio o que terreno les va a proporcionar para que continúen con su tradición, al respecto el coordinador de la bancada priísta, Joaquín Domínguez mencionó preocupado que además de la reubicación, en el acuerdo signado se habla de que la dirección de Ecología los va a capacitar en el uso de un combustible ecológico, del que se desconocen especificaciones e incluso donde se adquiere.

“No es nada más decirles que se vayan, se requiere de hacer un análisis más concienzudo respecto de cuanto va a aumentar la producción, porque si ahora resulta que producir un millón de ladrillos les va a salir en un mil 500 pesos y lo van a tener que vender en un mil 200 pesos, que es como se cotiza en el mercado, le estarían perdiendo. El día de ayer –miércoles– en una conversación con el alcalde, Salvador González del Toro, quedó en que el acuerdo lo dejarán por tiempo indeterminado hasta aclarar algunos puntos, lo malo es la firma del acuerdo que se tiene con los ladrilleros y la fecha perentoria del 31 de marzo”.

El priísta externó que para evitar sorpresas será necesario que el tema se aborde en la sesión de Ayuntamiento del día de hoy y aclarar que los convenios que tiene firmados quedarán sin efecto.

Los afectados en Santa Paula ascienden a 300 y en Coyula alrededor de 100, en cuanto al espacio donde se encuentran las ladrilleras, no se pude determinar ya que lo rentan a particulares y el municipio en su exigencia, no ha señalado el lugar alterno para la reubicación, esto aunado a que la administración no cuenta, dentro de su patrimonio municipal con superficies que garanticen su estadía.

“Las amenazas del ayuntamiento es la prohibición de la quema, de modo que los que sean dueños no podrán trabajar, lo que alegan es que violentan el reglamento y la ley de ecología y en base a eso las multas ascienden hasta los 40 mil pesos, recursos que representan la utilidad de una familia de ladrilleros de todo un año”, finalizó.

Los ladrilleros podrían producir 20 mil ladrillos por mes que se verían mermados por la ocurrencia de que se reubiquen del director de ecología, Jorge Vázquez Marín, en el que se involucra a ocho particulares, más los trabajadores.

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