La incertidumbre en el seno del Ayuntamiento de Tonalá se prolongará hasta cuando el Tribunal de lo Administrativo del Estado dictamine sobre la legalidad o ilegalidad de lo que está sucediendo en el gobierno tonalteca o el Congreso del Estado decida intervenir sobre la procedencia o no de nombrar un Concejo Municipal.
En entrevista con Tonalá de Hoy, los regidores Carlos Marroquín Gómez y José Castro Raygosa sostienen que el nombramiento del presidente municipal por parte de 7 regidores del PAN, 5 del PRI y uno del PRD en la sesión del 26 de Febrero y ratificado el 1 de Marzo es ilegal y, en consecuencia, los actos derivados de ese nombramiento.

Así puntualizaron sus declaraciones:
* En las reuniones celebradas en la oficina del presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales, antes y luego del desafuero del presidente Jorge Vizcarra, los 11 regidores se comprometieron a respaldar a Salvador González del Toro.
Después de numerosos e inútiles intentos de Agustín Ordóñez por obtener el apoyo de sus compañeros, lo más que consiguió fueron 6 votos por 5 de Juan Barajas.
Como la elección interna se entrampó, Rosales dijo que quien sumara 8 votos sería el elegido. Ninguno los recibió, por lo que surgió un tercero en discordia, Salvador González del Toro, quien obtuvo 9 votos.
De ahí salieron todos con el compromiso de votar por él en la sesión del 21 de Diciembre de 2007. El PRI propuso a Saúl Curiel Cibrián, quien sacó 5 votos. El regidor del PRD se abstuvo por lo que su voto se sumó al de los 11 panistas.
Tanto en las votaciones internas celebradas en el CDE del PAN como en la sesión de Ayuntamiento el 21 de Diciembre se habló de presidente sustituto, por el resto de la administración municipal, si la situación de Jorge Vizcarra así lo requería. Nunca se habló de un plazo fijo ni de interinato.
* El 26 de Febrero de 2008, el presidente sustituto Salvador González decidió posponer para el Jueves 28 la sesión programada, porque estaba negociando el aumento de salario para el personal sindicalizado, pero como 7 regidores del PAN, los 5 del PRI y el del PRD ya habían acordado con Agustín Ordóñez la destitución del presidente sustituto, se apersonaron ante González del Toro y exigieron la celebración de la reunión. Éste sospechó que la insistencia obedecía a que iban a votar su salida

Salvador González acusó a regidores de su propia fracción de haber cometido irregularidades en el ejercicio de su función, que hasta el momento no ha probado.

Los coordinadores de los grupos PAN, PRI y PRD le aseguraron que el punto de su destitución no sería tratado, por lo que González del Toro cedió. Verbalmente se informó a los regidores que sí habría sesión, a pesar de que por escrito se había pospuesto. Los líderes de los grupos faltaron a su palabra y votaron por la salida de Salvador, sin guardar las formas legales del caso.
* Tan estaban inseguros de que su votación y la sesión misma fueran legales, que, en secreto, Agustín Ordóñez y los regidores que lo apoyan celebraron una sesión el Sábado 1 de Marzo de 2008, para rectificar el acta del 26 de Febrero de 2008 y de paso la del 21 de Diciembre de 2007, bajo el pretexto de que el nombramiento de presidente sustituto estaba mal y debería ser presidente interino. Salvador González del Toro, Carlos Marroquín, José Castro y Juan Barajas, ni verbal ni telefónicamente y mucho menos por escrito fueron citados, lo que abona la ilegalidad, afirman los cuatro.
*Marroquín y Castro sostienen que las acciones de Agustín Ordóñez y socios violan el principio de que a la autoridad le está permitido hacer solamente lo que expresamente le ordene la ley. En este caso, ninguna disposición autoriza a los regidores a desconocer a un presidente municipal nombrado luego de un proceso celebrado en el Congreso del Estado.
Además, nadie puede ser juzgado y condenado sin antes ser escuchado en su defensa, lo que no ocurrió en las sesiones del 26 de Febrero y el 1 de Marzo.
*La ley manda que el único autorizado para desconocer a un presidente municipal es el Congreso del Estado, después de haber seguido un procedimiento legal como ocurrió con Jorge Vizcarra.
José Castro sostuvo que los operadores de todo el proceso han sido los regidores del PRI y, en tono irónico, reconoció su capacidad para corromper a los demás, a fin de conservar sus privilegios, como está ocurriendo con Agustín Ordóñez y los seis regidores del PAN y el del PRD que lo respaldan. Mencionó como caso que le consta que la regidora Gloria Saavedra reclamó al presidente Salvador González haberle retirado la compensación especial que le daba Jorge Vizcarra.

Un día antes de ser destituído, Salvador González en rueda de prensa anunciaba cambios en 15 direcciones y mencionó que tenía las pruebas para presentar denuncias en contra de regidores y directores por desvío de recursos públicos.

*Marroquín y Castro aseguraron que los 15 nombramientos y las otras tantas remociones expedidos por el presidente Salvador González del Toro se ajustaron en tiempo y forma a la ley, por lo que los despedidos incurrieron en responsabilidad, al negarse a entregar sus oficinas.
Los nombramientos son:
Dirección General de Desarrollo Social, Rodolfo Orendáin en lugar de Javier Curiel.
Dirección General de Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable, José Manuel García, en lugar de Luís Guillermo Medrano Barba.
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, Ramiro Miranda, en lugar de Armando Bollaín.
Secretaría particular, Araceli Martínez Valdés, en lugar de Álvaro Alatorre Rodríguez.
Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, Enrique Valadez Bustos en lugar de Alicia Suárez Nuño.
Dirección de Fomento Deportivo, Antonio Serrano, en lugar de Raúl Hurtado.
Dirección de Mejoramiento Urbano, Federico Melchor, en lugar de José Manuel García Bañuelos.
Coordinación de Delegaciones y Agencias, Ernesto Razo, en lugar de Iván Ruiz.
Sub Dirección de Seguridad Pública, Abdón Arellano, en lugar de Juan Carlos Morales Ramón.
Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guillermo Mendoza, en lugar de Blanca Selene Rodríguez.
Sub Dirección Jurídica, Raymundo Galindo, en lugar de Alfredo López.
Sub Tesorería, Jorge Andalón, en lugar de Ignacio Sezate.
Sub Dirección de Comunicación Social, Joaquín Murrieta, en lugar de Gerardo Romero, en lugar de
Delegación de Santa Paula, Juan Padilla Gallardo, en lugar de José Manuel García Bañuelos.
Jefatura de Parques y Jardines, Pedro Salcedo, en lugar de Federico Melchor.
Asesor del presidente municipal, Efraín Arana.
Las decisiones que estén tomando Agustín Ordóñez y los funcionarios cesados en su momento por Salvador González son ilegales y sus autores incurren en responsabilidad administrativa y penal, afirmaron.
Los nombramientos y ceses anteriores, junto con el rechazo de González del Toro a aceptar las dádivas obligatorias de entre el 10 y el 15 por ciento del costo de la obra pública por parte de los contratistas intensificaron las intrigas y presiones de los regidores panistas, priístas y perredista que veían terminados sus privilegios.
La prueba de lo anterior es el reparto de obras públicas, algunas de las cuales pretenden ser entregadas a regidores del PRI para que las controlen y lucren con los contratistas, a pesar de que la ley no faculta a los regidores para que ejerzan acciones ejecutivas.
*El manejo discrecional del presupuesto que se ejerció durante la administración de Jorge Vizcarra pretende mantenerse, a lo que se oponen González del Toro, Marroquín, Castro y Barajas. Afirman que hubo viajes de placer de regidores y funcionarios con pareja que fueron pagados por el erario municipal. Lo mismo ocurrió con el reparto de vehículos nuevos.
*Otro hecho fueron los préstamos discrecionales que autorizó el presidente municipal Jorge Vizcarra de hasta 150 mil pesos a regidores, sin intereses. González del Toro no sólo ordenó el pago, sino que se propuso no conceder más.
*Otra prueba de que los regidores inconformes van sólo por el dinero es la primera decisión de Agustín Ordóñez de aumentarse en 11 mil pesos mensuales el ya de por sí abultado sueldo, sin esperar siquiera a que los tribunales decidan sobre el problema al interior del Ayuntamiento de Tonalá, manifestaron.
*Marroquín y Castro afirmaron que hay grave división entre funcionarios y empleados municipales que temen tomar decisiones porque viven en la incertidumbre de si incurrirían en responsabilidades.
*Lo que está pasando en el Ayuntamiento de Tonalá provoca el riesgo de que el Congreso del Estado nombre un Concejo Municipal, por motivos de evidente ingobernabilidad.
*González, Marroquín, Castro y Barajas son asesorados por el despacho del jurista Raúl Carrancá y Rivas para en la elaboración y presentación de la demanda de ilegalidad de los actos de Agustín Ordóñez y regidores que lo apoyan, tanto ante el Tribunal de lo Administrativo como ante el Congreso del Estado.