¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo?, dice el dicho.
Ni más ni menos que este principio vale para el tema de la reforma energética que ha desatado una verdadera tormenta en los medios de comunicación entre los defensores de que PEMEX no sea tocado ni con el pétalo de una rosa y los partidarios de que haya inversión privada para explorar, explotar y refinar petróleo.
La verdad es que ante los ojos del común de la gente, la cosa no es tan complicada, porque quienes quieren envolverse en la bandera nacional y arrojarse al vacío en defensa del petróleo y quienes están a favor de que el capital privado controle PEMEX están en los extremos.
El justo medio consistiría en que, primero, se aclararan los objetivos que debe alcanzar la empresa en beneficio del país y, luego, obrar en consecuencia.
Es recontrasabido que 40 centavos de cada peso que ingresa a PEMEX se van directos a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Los 60 centavos restantes están destinados, en su mayoría, al bolsillo de los trabajadores sindicalizados y sus líderes y al de la cúpula directiva y al de los contratistas particulares, algunos de los cuales son políticos de la propia empresa o del Gobierno federal.
No hay que darle tantas vueltas al asunto. Hay que convertir a PEMEX en una empresa como cualquiera otra, que pague impuestos de sus ganancias y que establezca con sus trabajadores derechos y obligaciones.
Si PEMEX administra sus ingresos como toda empresa moderna, tendrá de sobra para invertir, pagar bien a sus directivos y trabajadores, cubrir los impuestos que le correspondan y, sobre todo, fijar precios más bajos al consumidor, como sucede en países productores de petróleo.
Pero, en la actualidad, PEMEX opera como propiedad del Gobierno.
¿Dónde están, en qué se gastan, cómo se gastan los excedentes del precio?
En estos momentos obtiene PEMEX el doble del precio presupuestado por la Cámara de Diputados, anda por los 90 dólares por barril, y ¿qué beneficios palpables de tal bonanza recibe el consumidor?
El precio de la gasolina sigue aumentando cada mes y la calidad del combustible es muy inferior a la de otros países y, para colmo, uno de cada tres litros que expenden las gasolinerías proviene del extranjero. México vende petróleo crudo a los Estados Unidos y le compra gasolina refinada. ¡Qué buen negocio!
En consecuencia, un consejo de administración en el que estén representados la empresa, los trabajadores, el Gobierno y los consumidores; un reglamento de operación transparente con derechos y obligaciones para los integrantes de la empresa; el aprovechamiento de las experiencias de los propios técnicos y trabajadores de PEMEX; un régimen fiscal como el de todo negocio registrado ante Hacienda; y, finalmente, un programa de desarrollo con metas concretas a corto, mediano y largo plazos, revisables y comprobables cada determinado tiempo garantizarían la transformación de PEMEX, sin necesidad de inversión privada.
Pero como la reestructuración de PEMEX es asunto político y no económico ni social, desgraciadamente dependerá de los políticos aprobarla. Sea por Dios.

Autoridades abusivas

Juárez, Lerdo de Tejada, Vallarta, Ocampo, Gómez Farías y demás reformadores se volverían a morir, si vieran el deprimente espectáculo que están dando los políticos jaliscienses en materia de relaciones entre el Gobierno y la jerarquía católica.
Las imágenes de los políticos de PAN y PRI rindiéndose ante el cardenal arzobispo de Guadalajara y las visitas obligadas al jerarca clerical por parte de quienes quieren ocupar cargos públicos revuelven el estómago de quienes tienen el mínimo conocimiento de la historia de México.
Por como se están dando las cosas en Jalisco, las decisiones de gobierno provienen no de la autoridad civil, la electa en las urnas por la ciudadanía, sino del palacio arzobispal; no de la Casa Jalisco, donde vive el jefe del Poder Ejecutivo, sino de la Casa Tlaquepaque, donde vive el cardenal.
Las prolongadas y sangrientas luchas intestinas que precedieron a la saludable separación de la Iglesia y el Estado, a mediados del siglo 19, no dicen absolutamente algo a los gobernantes de Jalisco.
Los señores representantes de los Poderes civiles pasan por alto que son gobernantes de todos los jaliscienses, no sólo de los católicos, por más mayoría que éstos sean. Les vale un comino ofender a los no creyentes católicos y al sentido común y al interés público que establecen el funcionamiento respetuoso, pero independiente, de los poderes civil y religioso.
Con todo cinismo, a sabiendas de que nada le sucederá y de que nadie lo llamará a cuentas, el gobernador de Jalisco regala el dinero público, y se ufana de ello, a entidades y tareas no contempladas en el presupuesto de egresos autorizado por el Congreso del Estado.
Con explicaciones legaloides, que no justificaciones valederas constitucionalmente, el gobernador y sus amigos soportan el manejo discrecional del dinero de todos los contribuyentes, a pesar de que la ley dice que la autoridad sólo debe hacer lo que expresamente le permita la norma. ¿En dónde dice el texto constitucional que el gobernador puede regalar a su antojo el dinero de los contribuyentes a empresas privadas como las televisoras o a asociaciones religiosas?
Por supuesto que el gobernador Emilio González Márquez y la mayoría legislativa, así como los ayuntamientos de la misma filiación partidista, pueden hacer lo que quieran y más, porque tienen el poder, pero eso no impide que la ciudadanía ejerza su derecho de señalar que está mal, cuando menos para dejar constancia y no ser cómplice de tamaños abusos.
Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿tiene sentido en el Jalisco del año 2008?

arana1@prodigy.net.mx