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*Los artículos firmados son |
| Al final todos pierden |
| Pedro Mellado. Mural |
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Es muy probable que entre mayo y junio próximos, el Congreso de Jalisco tenga que realizar una seria y responsable consulta entre la comunidad de Tonalá, para encontrar a los ciudadanos que reúnan las cualidades y los méritos suficientes para integrar el nuevo Concejo Municipal, que relevaría en forma definitiva a las tres accidentadas administraciones que han encabezado en los últimos 16 meses los panistas Jorge Vizcarra Mayorga, Salvador González del Toro y Emanuel Agustín Ordóñez Hernández. Estaba programado que el pasado viernes 11 de abril se celebrara la audiencia constitucional para cerrar la etapa de presentación de pruebas en el Juicio de Amparo promovido por el depuesto Alcalde de Tonalá Salvador González del Toro, en el Juzgado Quinto de Distrito, contra las actuales autoridades que encabeza el presunto Presidente Municipal en funciones Emanuel Agustín Ordóñez Hernández. Sin embargo, por petición del Ayuntamiento de Tonalá, la audiencia fue diferida 15 días. Una vez que se cumpla ese trámite, la autoridad federal estaría en condiciones de dictar sentencia y podría ordenar la reinstalación de González del Toro. El nombramiento de Ordóñez Hernández como Alcalde es ilegal, porque ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la particular del Estado de Jalisco, ni en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se le atribuyen a los regidores de los ayuntamientos facultades para destituir a un Presidente Municipal, sin importar cuál sea el carácter que tenga, de sustituto, interino o provisional. González del Toro llegó a la Alcaldía de Tonalá el viernes 21 de diciembre del 2007, al relevar en el cargo a Jorge Vizcarra Mayorga, a quien el Congreso de Jalisco separó de la Presidencia Municipal 24 horas antes, al despojarlo de su inmunidad constitucional (quitarle el fuero) para ponerlo a disposición de la justicia, como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y abuso de autoridad. El pasado martes 26 de febrero del 2008, González del Toro fue ilegalmente destituido y quedó en su lugar Ordóñez Hernández. De tal manera que al final de esta historia podría resultar que los actos administrativos y de Gobierno que hasta la fecha ha llevado a cabo Ordóñez Hernández, en su carácter de presunto Alcalde, podrían ser nulos de pleno derecho. Sí así se concluyera, luego de que la resolución de la autoridad federal le resultara adversa, se tendría que aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tanto a Ordóñez Hernández como a los regidores que lo designaron para ocupar su actual puesto de presunto Presidente Municipal, a quienes se les tendría que instaurar un juicio político, para destituirlos e inhabilitarlos para el desempeño de cargos públicos. En esas circunstancias, el Congreso de Jalisco tendría que declarar la desaparición del Gobierno en Tonalá y nombrar en su lugar a un Concejo Municipal, para que concluyera el periodo hasta el último día de diciembre del 2009. Todos los indicios parecen orientados en el sentido de que en Tonalá no habrá espacio alguno para que Salvador González del Toro o Emanuel Agustín Ordóñez Hernández terminen lo que resta del actual periodo de Gobierno. Bien harían los diputados locales, de todos los partidos políticos representados en el Congreso local, en empezar a buscar candidatos para el próximo Concejo Municipal de Tonalá. pedromellado@gmail.com
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