Lo quisieron correr, pero lo salvó la suspensión provisional del Amparo que promovió. El director de Apremios de Tonalá, Álvaro López Martínez, recibió ayer la visita del Contralor municipal Iván Peña Rocha, para formalizar el proceso de entrega y recepción, lo que evitó gracias a que una hora antes le notificaron de la suspensión otorgada por Juzgado Tercero de lo Administrativo.
López Martínez señaló que el argumento para la remoción del cargo fue que eran órdenes del Alcalde interino Agustín Ordóñez. Le daban una liquidación de 63 mil pesos por 18 años de trabajo. No aceptó.
Este director señaló que no reconoce a Ordóñez como Presidente Municipal, porque todavía está en litigio su nombramiento.
Además que la liquidación ofrecida está por debajo de los 400 mil pesos que dice que le tocan.
"La remoción únicamente es facultad del Presidente llevarla a cabo, y en la situación en la que Tonalá está ahorita, no es posible que ningún funcionario asuma esa responsabilidad y esa facultad", comentó.
Tampoco le siguieron un proceso administrativo.
El jueves le avisaron que debía dejar el cargo y, para protegerse, al día siguiente interpuso el Amparo. El funcionario permanecerá en su trabajo, gracias a la suspensión provisional, hasta que el juzgado tenga una resolución final.
"Promuevo mi Amparo protegiendo mi interés jurídico y es conservar mi empleo, porque tengo un nombramiento por tiempo determinado hasta el 31 de diciembre del 2009", comentó.
La propuesta para ocupar esta dirección es Javier Cervantes Pulido, q quien quitaron de la dirección Jurídica para evitar nepotismo, pues es cuñado del Síndico Leonel Padilla Andrade. Después le dieron la dirección de Prevención Social y también le quitaron el cargo en octubre.
López Martínez señaló que sólo reconoce como Primer Edil a Salvador González del Toro, razón por la cual lo quieren despedir. |