Cuando el regidor Isaías Basulto el 26 de Febrero de 2008 propuso y la mayoría de los regidores aprobó separar del cargo de presidente municipal a Salvador González del Toro, uno de sus argumentos fue que en dos meses que duró su gestión la administración no hizo nada y quiso cesar a funcionarios sin consultar a sus compañeros.
Agustín Ordóñez declaró, entonces, que los 16 cambios de funcionarios ordenados por González del Toro los hizo sin consultar con sus compañeros regidores, principalmente los del PAN, no obstante que la ley faculta al presidente a nombrar o cesar funcionarios, de acuerdo con su criterio, a excepción de los que expresamente ordena la ley que debe someter al pleno del Ayuntamiento.
A más de dos meses del cambio, la situación, en lugar de mejorar, empeoró porque mientras González del Toro se negó a seguir otorgando los privilegios y dádivas repartidos por Jorge Vizcarra a cambio de apoyos, Ordóñez los restableció y aumentó.
Ricardo Salazar pide a los regidores firmar actas de hace un año.
El regidor Carlos Marroquín Gómez denunció lo anterior y enumeró algunas anomalías:
1.- La Secretaría General del Ayuntamiento trata de que los regidores firmen actas de sesiones celebradas hace un año. El secretario Hugo Ricardo Salazar Silva está remitiendo a regidores las actas del 15, 18, 19 y 30 de Mayo de 2007 para que las revisen y en su caso las firmen. Marroquín Gómez se pregunta, ¿cómo es posible una tardanza tal? ¿Cómo le van a hacer para recabar las firmas del presidente Jorge Vizcarra y el secretario Ricardo Sigala? ¿Qué validez tienen las acciones oficiales que avalan esos documentos, si no están firmados? ¿Cómo se garantiza que lo que se firma ahora sea lo que realmente se trató hace un año?
Marroquín ha solicitado a la Secretaría General un informe sustentado sobre esta irregularidad para presentar la denuncia correspondiente contra quienes resulten responsables.
2.- Dependencias como la Presidencia, la Secretaría General y la Tesorería niegan información a los propios regidores, al grado de que tienen que solicitarla al amparo de la Ley de Transparencia. Marroquín está en espera de un informe pormenorizado sobre el otorgamiento que vales de gasolina que el presidente Jorge Vizcarra repartía a discreción y que González del Toro suspendió y reanudó Agustín Ordóñez. Tiene datos sobre la entrega generosa de vales a varios regidores, como dos del PRI, y otros del PAN, así como funcionarios amigos. Además, a unos se autoriza gasolina premium y al resto normal. También pide el regidor que se informe sobre los proveedores de gasolina, porque tiene conocimiento de que se privilegia a un expendio propiedad de la familia del funcionario Iván Peña, lo que está prohibido por la Ley.
3 Señala Marroquín que el proyecto de la Avenida Tonaltecas prácticamente se ha entregado a los regidores del PRI, quienes dan detalles del proyecto que ni el director de Obras Públicas, Francisco Javier Torres Lizárraga, ni el director de Infraestructura, Guillermo Medrano, dicen conocer.
Esto confirma que el proyecto se negoció desde antes de anunciarlo, porque se hizo la reforma del reglamento para integrar el Comité de Adjudicación de Obra Pública y la modificación de los topes financieros para no concursarlas y repartirlas directamente. Menciona Marroquín que regidores del PRI consiguieron con el presidente Jorge Vizcarra el control de obra pública por 20 millones de pesos, lo que trataron de ratificar con González del Toro. Se acostumbra que a cambio de otorgar contratos de obra, los constructores paguen entre el diez y el quince por ciento de comisión, de ahí la maniobra para asignar obra sin concurso, aclara Marroquín.
Marroquín pidió en el pleno del Ayuntamiento información y como no la recibió, personalmente la solicitó al director de Obras Públicas, Francisco Javier Torres Lizárraga, quien le contestó que no la sabía. Por escrito, se dirigió al titular de Infraestructura, Guillermo Medrano Barba, y éste le respondió que “el proyecto se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte, así mismo se está en pláticas con personal de la CFE, Megacable, Telmex y el proyectista, así como de la Dirección de Obras Públicas, con el fin de analizar y concluir el multicitado proyecto. Por lo que una vez consensado haré llegar la información solicitada”.
Marroquín Gómez comenta por qué, entonces, los regidores del PRI sí saben y declaran sobre la obra; y por qué si Medrano Barba dice que lo analiza la Dirección de Obras Públicas, el titular Francisco Torres no lo sabe.
Medrano menciona al proyectista, pero a pesar de que se ha pedido que se informe quién hizo el proyecto, cuánto cobra y con qué criterio, no se revela su nombre.
Marroquín recuerda que cuando se aprobó el presupuesto de egresos de 2008, en el ramo de obra pública, la remodelación o renovación de la Avenida Tonaltecas ascendía a tres millones de pesos. ¿Por qué fue subiendo a 20, 22 y 45 millones?
Aunque uno no quiera, todo lo anteior se presta a pensar mal.
4.- El despido de personal se está haciendo ilegal y subjetivamente como lo demuestran tres casos concretos.
El Director de Relaciones Laborales, Juan Ramón Castañeda Núñez, por instrucciones personales del presidente Agustín Ordóñez, le pide al director de Salud Animal, Miguel Coral Arana, que “bajo su más estricta responsabilidad, Martín Amador Martínez Ruiz y Gonzalo Barradas López, no deberán registrar asistencias, ni firmar documentos oficiales, ni tener acceso a los mismos, ya que de permitir tal situación ocasionaría problemas jurídicos y administrativos, los cuales en su momento serían atribuidos directamente a su persona”.
Los dos afectados son abogados que laboraban en el ramo de Apremios y, por diferencias con el presidente Ordóñez, fueron cambiados al ramo de Salud Animal, en trabajos que nada tienen qué ver con su profesión y nombramiento, sólo para hostigarlos. Ahora son cesados sin haber sido notificados, ni sustentado su despido, ni escuchados. Marroquín advirtió lo anterior al director de Relaciones Laborales, pero éste se limitó a contestar que eran órdenes del presidente Ordóñez.
Otro caso es el del titular de Apremios, Álvaro López, a quien se trató de cesar para colocar en su lugar a Javier Cervantes, cuñado de Leonel Andrade, síndico del Ayuntamiento, a quien, por cierto, ya se había separado de la dirección Jurídica, precisamente por ser pariente de éste. Recuerda Marroquín que, en aquel entonces, Cervantes se retiró entre expresiones despectivas y de acusaciones contra los integrantes del Ayuntamiento y, ahora, sin recato alguno aceptó regresar. La separación de López se hubiera dado, si éste no hubiera obtenido un amparo. El propio Álvaro declaró que si el presidente Agustín Ordóñez hubiera actuado conforme con la ley, porque tiene facultades para hacerlo, simplemente hubiera dejado el cargo, pero por la forma ilegal como lo hizo, recurrió a la justicia federal y obtuvo su protección. El Juez tercero de Distrito, Héctor Martínez Flores, le concedió la suspensión por varias causas: El afectado no reconoce la personalidad legal de Agustín Ordóñez como presidente municipal; no fue notificado por escrito; no fue fundamentado el motivo de su cese; no se le concedió el derecho de defensa.
El Ayuntamiento apeló por no estar de acuerdo con la decisión del juez y el asunto pasó al segundo Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora, el caso se prolongará por tiempo indefinido, mientras tanto el cese no opera.
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