Tres son los requisitos elementales de la obra pública: A) Que esté bien hecha. B) Que su costo sea el correcto. C) Que esté a tiempo.
El que la obra sea necesaria, es decir, que se justifique, se da por entendido.
¿A qué viene lo anterior? A propósito de la declaración formulada por Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, con motivo de la inauguración del Primer Foro Internacional de Control de Obra Pública organizado por la dependencia a su cargo.
El encargado de vigilar que las cosas se hagan como Dios manda; en otras palabras, que se ajusten a los programas y al presupuesto aprobados, peca de ingenuo al admitir que en la ejecución de obra pública federal se dan la ineficiencia y la corrupción.
Más tranquila estaría la sociedad, si Vega Casillas dijera lo que está haciendo para combatir el grave mal y hasta digno de elogio sería si mencionara los casos de ineficiencia y corrupción que ha descubierto y exhibido para que cayera encima a los responsables todo el peso de la ley, como dice la frase hecha.
En lugar de señalar ejemplos concretos y demostrar que está haciendo su chamba, el vigilante se justifica diciendo: “La corrupción es algo que se hace oculto; es muy difícil medirla; sin embargo, existe otro detalle: Me parece que en muchos de los casos la ineficiencia es más cara que la corrupción”.
Ah, no, pues sí, la sociedad puede estar tranquila. El flamante secretario de la Función Pública descubrió algo que no se sabía. La ciudadanía va de gane.
Para dar a conocer semejantes verdades no era necesario organizar con cargo al bolsillo de los contribuyentes un “foro internacional de control de obra pública”. Hubiera bastado con mandar un boletín por Internet. Para el caso hubiera sido lo mismo.
Lo que los contribuyentes en particular y la sociedad en general esperan no son más foros ni confesiones que por sabidas ni mella hacen, sino resultados concretos, comprobables, de la forma como la autoridad está combatiendo a los pillos.
Los pagadores de impuestos quieren ver cómo se obligará a resarcir el daño a quienes hicieron mal la biblioteca José Vasconcelos y el edificio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La opinión pública necesita saber por qué en el primer trimestre del año 2008 ha habido un subejercicio del 88.7 por ciento de la inversión pública en infraestructura, como denuncia Humberto Armenta, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
En Guadalajara, Jalisco, el Gobierno del Estado está bajo severo cuestionamiento porque, en la actualidad, a pesar de un presupuesto de egresos sin precedente de más de 55 mil millones de pesos, la obra pública no aparece por lado alguno.
La sociedad jalisciense está enojada porque el paso a desnivel de López Mateos y Las Rosas, que costó 150 millones de pesos y no tiene dos años de inaugurado, está siendo reconstruido, en virtud de que el colector de aguas negras y pluviales que va por abajo reventó paredes y piso. Se habla de que, en principio, serán gastados otros 50 millones de pesos en reparar el daño. El gobernador Emilio González, el generoso donador de dinero público para templos y televisoras, se niega a pedir cuentas a quienes hicieron la obra, bajo el pretexto de que, primero hay que arreglar los desperfectos, y luego buscar culpables, como si una cosa estuviera reñida con la otra.
De Tonalá mejor ni hablar, porque no hay una sola obra pública de importancia.
Total, para cualquier rumbo que se vuelva la mirada, abundan los casos de obra pública malhecha, cara y a destiempo. Y no pasa nada. La corrupción y la ineficiencia parecen ser parte de la vida cotidiana.
Algo anda mal, cuando el mismísimo secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, se limita a reiterar lo que ya se sabe, en lugar de anunciar los nombres de los corruptos e ineficientes que ha mandado a la cárcel y obligado a pagar los perjuicios causados por sus tropelías.

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