Ilegalidades a pasto
en el Ayuntamiento de Tonalá
Por 9 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el pleno del Ayuntamiento de Tonalá aprobó, el Viernes 12 de Julio de 2008, sea separada de su cargo de Directora de Desarrollo Organizacional y Capacitación, Rocío Acosta Cervantes.
La razón es muy sencilla: Ese cargo no existe en el organigrama del Ayuntamiento de Tonalá, como tampoco el presupuesto de egresos aprobado por los regidores para el ejercicio 2008 contempla el sueldo de 26 mil pesos que, desde Abril viene cobrando la funcionaria.
En este mismo espacio, el 14 de Junio de 2008 fue publicada la información obtenida entre regidores del Ayuntamiento de Tonalá, en el sentido de que el nombramiento era ilegal porque no fue aprobado por el pleno.
Según los regidores denunciantes, el único mérito de Rocío Acosta Cervantes era estar ligada sentimentalmente al presidente del PAN en Tonalá, Apolinar Alatorre. En otras palabras, el cargo le fue creado especialmente fuera de toda norma, lo cual representaba responsabilidad para el presidente municipal, Agustín Ordóñez, y para quien o quienes se hubieran prestado a realizar el hecho.
El tiempo demostró que el señalamiento tenía fundamento porque en la propia Gaceta Municipal de Diciembre de 2007 se publicó el Acuerdo 496 relacionado con la sesión del pleno de fecha 15 de Diciembre de 2007, en la que fue aprobado el presupuesto de egresos, a propuesta del presidente municipal, Jorge Vizcarra.
En ninguno de las nueve partidas del presupuesto y concretamente en la 1000 referente a sueldos y prestaciones se autorizó la modificación del organigrama para crear cargos nuevos.
Pero ahí no paró la cosa, porque alguien tuvo la ocurrencia de publicar un número no aprobado por el pleno de la Gaceta Municipal, para tratar de justificar la modificación del organigrama, seguramente temiendo que se descubriera lo que estaban haciendo, como efectivamente sucedió.
Le pusieron fecha 8 de Enero de 2008 al número de la Gaceta y añadieron un párrafo que textualmente dice: “que con fecha 15 de Diciembre del año 2007, en el que se aprobó el presupuesto de egresos del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2008, incluyendo la reestructura de la plantilla de personal de este municipio”.
Como el grupo que maneja el Ayuntamiento de Tonalá seguía aprovechando el presupuesto a su antojo y para beneficio de unas cuantas familias que integran la cúpula del poder, el regidor Ignacio Arana Arana presentó el caso ante el pleno en la sesión del 11 de Julio, con el resultado de que se ordenara la separación de la “directora de desarrollo organizacional y capacitación”.
Que rindan cuentas
El asunto no queda en la mera separación del cargo de Rocío Acosta Cervantes, sino que deberá provocar consecuencias como las siguientes:
a) La devolución de los salarios cobrados ilegalmente.
b) Fincar responsabilidades administrativas y penales a quien o quienes crearon ilegalmente un cargo y autorizaron el pago de salario.
c) Investigar quién, cómo y a qué costo ordenó la impresión de un número de la Gaceta Municipal que modifica el contenido aprobado por el pleno.
Los hechos anteriores suponen razonablemente conductas delictuosas, por lo que tendrán que responder, por lo pronto, quien estuvo cobrando un sueldo ilegal; el director general de Administración y el propio Presidente Municipal, además quienes hayan intervenido en la maniobra.
El regidor Ignacio Arana se pregunta con toda razón: Si los funcionarios en el poder son capaces de falsificar documentos oficiales, ¿A cuántas personas más se les estará pagando de manera irregular?
Todavía hay más
El regidor Joaquín Domínguez demostró con un pedazo de pavimento asfáltico arrancado de las calles de Loma Dorada que están siendo reparadas, que el grosor no es el contratado.
El compromiso del contratista es colocar una capa de 5.5 centímetros de asfalto, pero después de un recorrido por algunos tramos se comprobó que no tiene en algunas partes ni tres centímetros de grosor, por lo que más pronto que tarde el pavimento se destruirá.
El caso es que el programa importa cinco millones de pesos.
Quiere decir que no hay supervisión ni control de la Dirección de Obras Públicas o de la Dirección General de Infraestructura sobre los trabajos.
Otros casos sin aclarar
Desde hace semanas, policías de Tonalá denunciaron que se les estaba o está rebajando la cuota de Pensiones Civiles del Estado, pero ésta no se entrega completa a la institución, por lo que no tienen derecho a determinadas prestaciones.
A pesar del tiempo transcurrido, la queja no ha sido aclarada en el pleno del Ayuntamiento de Tonalá.
El regidor Carlos Marroquín reclama que, a pesar de su insistencia y de la obligación que tiene el presidente municipal de responder, se le niega la información de cuánto se ha recibido del préstamo de 250 millones de pesos contratados desde cuando era presidente Jorge Vizcarra. No se informa sobre cuánto se abona, cuánto se paga de intereses, cuánto se ha aplicado y en qué.
Al mismo Marroquín por qué hasta ahora el secretario general presenta actas desde el tiempo del presidente Jorge Vizcarra a firma de los regidores, cuando se supone que esto debe ser antes de la sesión siguiente. Esta tardanza se presta a sospechar de alteración del contenido.
Por su parte, el regidor Salud Pacheco exigió explicación de por qué no han sido publicadas las gacetas municipales de Enero a la fecha. Esta ausencia permitiría a los ciudadanos no cumplir con las disposiciones municipales aprobadas durante el año en curso y no publicadas.
A su vez, el regidor Saúl Curiel pidió que se analice en comisiones el deposito en Pensiones Civiles del Estado del 3 por ciento del salario que se retiene a los empleados para vivienda, a fin de que tengan derecho a esa prestación, ya que por ahora, en lugar de enterar la aportación a Pensiones se le entrega directamente al trabajador.
Es un cochinero lo que está pasando en el Ayuntamiento de Tonalá, comentó el regidor Carlos Marroquín, y exigió que el Congreso del Estado tome cartas en el asunto.
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