Indudablemente, la impunidad es uno de los problemas que propician la corrupción en el sector público y en cualquier campo de la vida.
El hecho de que la violación de la ley no traiga castigo alguno para el violador fomenta que cada día se más abierta y descarada la corrupción.
Precisamente, ése fue uno de los señalamientos más directos y repetidos, durante la sesión plenaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrado en el Palacio Nacional de la ciudad de México, el Jueves 20 de Agosto de 2008.
La corrupción en plenitud
A propósito de la impunidad, en Tonalá se está dando un comportamiento de franca violación de la ley, nada menos que por parte de las autoridades municipales.
Un hecho que pone al descubierto el problema es la asignación discrecional fuera de toda norma por parte del Ayuntamiento que preside el estudiante Agustín Ordóñez.
Según el reglamento de obra pública aprobado por los tres grupos representados en el pleno del Ayuntamiento, hay tres maneras de asignar los contratos de obras públicas: a) Por asignación directa, cuando el costo de la obra no pasa de los 847 mil pesos. b) Por invitación restringida, cuando el costo de la obra no rebasa los dos millones 548 mil pesos. c) Por licitación pública, cuando el costo de la obra rebasa los dos millones 548 mil pesos.
Es oportuno aclarar que estos montos contemplados en el Acuerdo 609 del pleno del Ayuntamiento fueron modificados, precisamente, para poder manipular la asignación de obras públicas, porque en la normatividad anterior, los topes eran mucho menores, a fin de que las obras fueran realizadas bajo la modalidad de licitación pública, sobre bases oportunamente dadas a conocer y según la mejor oferta de precio y calidad.
En actitud interpretada como una manera de complicidad entre todos los regidores, los topes fueron elevados para que hubiera más facilidad de repartirse las obras entre las tres bancadas y obtener los consabidos beneficios económicos que ello significa.
Bueno, pues la elevación de los topes y la flexibilidad legal no les bastó a los integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, por lo que decidieron hacer a un lado sus propios acuerdos y asignar obras a su gusto.
Tonalá se “guanajuatiza”
La ley de obra pública, tanto federal como estatal, manda que en la asignación de contratos, se dé preferencia a los empresarios locales sobre los nacionales y a los nacionales sobre los extranjeros.
¿Qué significa lo anterior? Muy sencillo y claro, que en el caso de Tonalá, se prefiera a los de aquí, a los del municipio que, obviamente, estén inscritos en el padrón de proveedores o realizadores de obra.
El mandato legal les vale un rábano a los gobernantes tonaltecas porque están dando las obras a constructores fuereños y no sólo eso, sino muy sospechosamente a los de Guanajuato. ¿Por qué será? Seguramente por aquello de que el presidente del PAN, Germán Martínez, en la reciente asamblea partidista celebrada en León, a grito en cuello dijo que la política panista se iba a “guanajuatizar”.
Las autoridades panistas de Tonalá, ni tardas ni perezosas el están dando preferencia a los constructores de Guanajuato.
La ley les vale
Pero como si no fuera suficiente la violación legal consistente en que los constructores de Tonalá sean discriminados en su propia tierra, el Ayuntamiento de Tonalá viola sus propias normas porque está asignando obras directamente, a pesar de que el costo rebasa con mucho los montos fijados por el pleno municipal.
Van casos concretos para no hablar de memoria.
La remodelación de las instalaciones de los Servicios Médicos Municipales con costo de cinco millones de pesos fue por asignación directa.
Obras viales en Tololotlán con costo de 1.5 millones de pesos, también fue por asignación directa.
El asfalto de la calle López Cotilla rumbo a El Rosario, con costo de 4.5 millones de pesos igual fue por asignación directa.
En estos tres ejemplos, la autoridad debió hacer invitación restringida o de acuerdo con licitación pública, según convocatoria dada a conocer oportunamente, lo mismo que las características y requisitos de las obras.
Pero evidentemente, la ley parece tener sin cuidado al Ayuntamiento que preside Agustín Ordóñez.
Qué preocupante lo que sucede en Tonalá. Y todavía más preocupante que los regidores del PRI y el PRD que deberían levantar la voz no sólo para protestar, sino para denunciar las violaciones a la ley, sospechosamente se queden callados y aprueben un comportamiento a todas luces ilegal.
¿Y los diputados por el distrito de Tonalá? ¿Y el Congreso del Estado? ¿Y la Auditoría Superior? ¿Y los organismos ciudadanos? ¿Y los constructores de Tonalá?
¿En dónde están las agrupaciones defensoras de los intereses populares, como las que dice representar Salvador Cosío Gaona, que va a todas?
Cuando menos debe quedar constancia de lo que está sucediendo en el seno del Ayuntamiento de Tonalá, para que luego no se diga que nadie dijo algo contra la corrupción gubernamental, hasta ahora impune.
Tiene que llegar el día, cuando los actuales gobernantes de Tonalá, de PAN, PRI y PRD tengan que ser llamados a cuentas por las abiertas violaciones a la ley que ya con el pan de cada día y de las que, seguramente, piensan que nadie se entera.
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