Sospechosa celeridad
De acuerdo con la opinión de regidores del Ayuntamiento de Tonalá, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano autorizó, con sospechosa celeridad, en menos de 24 horas, la “solicitud de reconsideración” para el dictamen de trazo, usos y destinos del suelo, a fin de construir una gasolinería en un predio propiedad del funcionario municipal, Miguel Medina Hernández.
El promotor o solicitante es José Amado Rodríguez Garza, con domicilio en Ojuelos 53, Colonia Jalisco; el propietario del terreno ubicado en San Francisco de la Soledad, sobre la carretera libre a Zapotlanejo número 442, es el director de supervisión del Ayuntamiento de Tonalá, Miguel Medina Hernández.
La solicitud fue presentada el 24 de Julio de 2008 y el mismo día fue autorizado por el director de Planeación y Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Antonio Lepe Arévalo.
El caso llama la atención, dado que otros solicitantes que no son funcionarios públicos, tienen meses de haber iniciado el trámite y todavía no es resuelto.
Los regidores informantes señalan que el caso de Miguel Medina Hernández es de llamar la atención, porque en poco más de seis años de funcionario público, tres como regidor del Ayuntamiento de Tonalá, y tres de diputado local, y ahora como director de Supervisión del Ayuntamiento de Tonalá, ha acumulado un cuantioso patrimonio.
De pequeño comerciante, hace seis años, se ha convertido en acaudalado propietario y proveedor del Ayuntamiento de Tonalá, esto a pesar de su carácter de funcionario público.
Por otra parte, los inspectores y empleados municipales bajo su supervisión se quejan del trato despótico y del aprovechamiento del cargo para realizar trámites que en términos estrictamente legales estarían prohibidos a un servidor público, fuere directa o indirectamente, según datos en poder de los regidores.
Es claro que este si bien él directamente no promueve la solicitud, sino a través de un tercero; la rapidez con la que se autoriza un asunto que a “Juan Pueblo” le llevaría varios meses.
Un buen punto de referencia para el análisis de este caso es la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en su Artículo 61 establece que: “Todos servidor público para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
VII.- Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para el, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
La reconsideración de uso del suelo para instalar una gasolinería podrá dentro de la ley, lo que sale de norma es que la autorización haya sido expedida en el mismo día de presentada, por lo que los regidores pedirán una investigación en la próxima sesión del pleno del Ayuntamiento de Tonalá.
Avenida Patria,
está hecha pedazos
En supervisión encabezada por el propio presidente municipal, Agustín Ordóñez, y regidores y funcionarios municipales, se comprobó el mal estado de la Avenida Patria, en el tramo correspondiente a Tonalá.
A menos de un año de construido, el pavimento del carril oriente está en muy malas condiciones, al grado de que algunas losas están ya desniveladas y separadas unas de otras.
Regidores participantes en la inspección solicitarán al pleno del Ayuntamiento sean actualizados los datos de la obra para conocer las condiciones en que fue contratada, a cuánto ascendió la fianza del contratista y por cuánto tiempo debió mantenerla.
Mientras en el lado de Tonalá la Avenida Patria no duró en buenas condiciones ni un año, en la acera de Tlaquepaque el pavimento está en perfecto estado.
Para esta obra, el Ayuntamiento aportó 2.5 millones de pesos y el Gobierno del Estado la mayor parte.
La constructora contratada para el trabajo fue “Grupo Ingenieros y Constructores Acomac”, a iniciativa del entonces titular de COPLADEMUN, Arturo Esqueda, cuando hubiera sido el gobierno del estado el seleccionador, dado que la obra en total costó 10 millones de pesos aportados de la siguiente manera: 5 millones entre los ayuntamientos de Tonalá y Tlaquepaque y los 5 restantes por el gobierno del Estado.
Debe decirse que el tramo de Tlaquepaque no estuvo a cargo de Acomac.
A punto de comenzar la ampliación
del Periférico
En una semana, arrancarán los trabajos de ampliación del tramo del Periférico Norte Oriente, de la Colonia Jalisco a la cabecera municipal de Tonalá.
La obra estará a cargo del Gobierno del Estado, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo del ingeniero Sergio Carmona Ruvalcaba.
La ampliación consistirá en dos carriles por sentido más acotamiento y obras complementarias de equipamiento urbano.
Serán acondicionados los cruces y se contempla la construcción de pasos a desnivel, según informó el funcionario público.
Esta obra forma parte del plan general que contempla la terminación del Periférico, entre San Gaspar y la carretera libre a Zapotlanejo, y de ahí a la carretera de Chapala, antes de 2010.
Recomendación de Derechos Humanos al Ayuntamiento
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al presidente municipal de Tonalá, Agustín Ordóñez, a fin de que inicie procedimiento administrativo a Rafael Gerardo Rizo García, director de Mercados, Jorge Méndez González administrador de Mercados, al inspector Juan Gerardo Sedano Valdéz, así como al abogado auxiliar de guardia Licenciado Antonio Ceja Ornelas, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, por haber violado los derechos humanos de Epifania Ríos, J. Isabel Briseño y Jesús Palomar, representantes de comerciantes de Tonalá.
Los dirigentes se quejaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por decisiones y acciones, tanto del Administrador de Mercados como del personal bajo su mando, en el ejercicio de su función pública.
Detenciones ilegales, amenazas, golpes y hostigamiento sistemático son las principales causas de que los representantes de los comerciantes fijos y semifijos hayan acudido ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El organismo encontró motivos suficientes para pedir a la autoridad que inicie procedimiento contra los servidores públicos mencionados, lo que, en términos claros significa que deberán ser separados de su cargo.
Un detalle importante del caso consiste en que la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Tonalá recibió las notificaciones del la Comisión Estatal del Derechos Humanos, pero no ha enterado a los interesados sobre el procedimiento por lo que el pelno del Ayuntamiento desconoce la resolución y, por lo mismo no ha iniciado la acción recomendada por el organismo ciudadano.
Este hecho será analizado en la proxima sesión del pleno del ayuntamiento tonalteca.
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