Un ex presidente del PAN en Tonalá comentó, recientemente, con motivo del papel de los gobernantes municipales en los años recientes y concretamente de 2007 a la fecha: ¡Claro que Tonalá se merece las autoridades que tiene, porque votó por ellas!
El ex dirigente contestaba así a la queja de alguien que expresaba: Tonalá no se merece los gobernantes que tiene.
Por más que duela, la declaración del panista es la pura verdad y viene a comprobar el viejo principio que dice: Cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
A pesar de los pesares, el sistema vigente para elegir gobernantes en México es el mejor o el menos malo, como cada quien quiera verlo, porque obedece a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
Si la mayoría de los electores se equivoca, en el pecado lleva la penitencia. Si, en cambio, acierta, recibe los beneficios de haber hecho lo correcto.
Lo importante es que la ciudadanía participe una y otra vez, a fin de que, con la práctica, se enseñe a escoger a quienes representen adecuadamente los intereses de la sociedad.

Lo que dice la ley

La realidad demuestra que algunos gobernantes municipales ignoran sus facultades legales y se comportan como si todo les estuviera permitido y como si no tuvieran que rendir cuentas de sus actos.
En el caso del Ayuntamiento de Tonalá, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 86 manda:
“Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de servicios públicos.”
“Corresponde al Ayuntamiento o al Concejo Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así como autorizar las decisiones del Presidente y establecer las directrices de la política municipal”.
“Corresponde al síndico la representación jurídica del municipio, acatando en todos los casos las decisiones del Ayuntamiento.”

La realidad

A pesar de la claridad de la ley, los integrantes del Ayuntamiento distorsionan, por ignorancia o por conveniencia, la norma.
Por ejemplo, los regidores, no obstante que la Constitución y su ley reglamentaria lo prohíbe expresamente, toman decisiones ejecutivas que son exclusivas del Presidente, quien las ejerce por medio del aparato administrativo. Los regidores dan permisos, asignan obras, cesan y nombran empleados e invaden flagrantemente las atribuciones del Presidente.
Los regidores tienen como responsabilidad expresa elaborar y aprobar los reglamentos y las demás disposiciones normativas de carácter general, así como autorizar las decisiones del Presidente y establecer las directrices de la política municipal.
¿Cuándo y cómo? En las sesiones del pleno del Ayuntamiento y como vigilantes de la conducta del Presidente y sus colaboradores administrativos, a fin de que se ajuste a la ley. Nada más.
La misma Constitución manda que lo servidores públicos, entiéndase el Presidente y los Regidores, sólo pueden hacer lo que expresamente les ordene la ley. Por el contrario, los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, menos lo que expresamente les prohíba la ley.

La justa retribución

A todo trabajo debe corresponder una justa retribución. En el caso de los servidores públicos, nada más normal que cumplir el mandato legal. Pero, ¿a cuánto ascendería la retribución justa para el Presidente, el síndico y los regidores?
El más elemental sentido común enseña que el espíritu del servicio público debe obedecer a las necesidades y las posibilidades de quienes pagan el servicio.
Quienes contratan a los servidores públicos son los ciudadanos por medio del voto cada tres y cada seis años, por lo que las posibilidades del contratante son o deberían ser la medida para fijar el sueldo de los mandatarios.
En Tonalá, ¿cuántos jefes de familia ganan al mes 60 o 70 mil pesos mensuales? Podrían contarse con los dedos de una mano y sobrarían dedos. ¿Qué empleado o trabajador de alguna empresa de Tonalá, además de un sueldo de ese monto recibe auto, combustible, servicio de mantenimiento, teléfono celular, computadora, impresora, cámara fotográfica digital, chofer, guardaespaldas, préstamos sin intereses, viajes todo pagado nacionales y extranjeros, gastos de representación y prestaciones por encima de las acostumbradas en las empresas más importantes? La respuesta viene por sí sola: Ninguno.
¿Es correcto, entonces, que los gobernantes municipales de Tonalá gocen de tamaños privilegios, cuando la inmensa mayoría de la población local vive al día? ¿El presidente, el síndico y los regidores, antes de ocupar cargos públicos, ganaban siquiera la mitad de lo que están sacando del Ayuntamiento?
Si es así, sería muy sano que mostraran a la ciudadanía sus declaraciones fiscales anuales de los últimos tres años antes de 2006, para demostrar a la sociedad que entraron al servicio público, precisamente, para servir, no para servirse del cargo.
Pero vamos a suponer que sus sueldos y prestaciones fueran justos y adecuados al cargo que ocupan. ¿Qué le devuelven a la sociedad a cambio del sueldo que le cobran? ¿Dónde están la eficiencia, la productividad, la transparencia en el desempeño de su trabajo?
Si su obligación consiste en proporcionar obras y servicios de buena calidad, a precio justo y oportunamente, los hechos demuestran que si su desempeño se midiera por resultados, le saldrían debiendo a la sociedad de Tonalá.

Lo que sigue

Como consecuencia de la ineptitud y la corrupción que caracteriza a gran parte de las acciones de la Administración municipal de Tonalá, es indispensable que la ciudadanía no se quede cruzada de brazos.
Mantenerse indiferente ante lo que está pasando sería irresponsable y equivaldría a ser cómplice.
Es urgente exigir el correcto cumplimiento del deber a quienes integran el Ayuntamiento de Tonalá, porque ellos son los mandatarios y la ciudadanía la mandante. En otras palabras, los políticos municipales son los empleados contratados por los patrones votantes en las elecciones de 2006.
Se impone no esperar a las elecciones de 2009, sino actuar ahora mismo para que las cosas marchen correctamente en el Ayuntamiento de Tonalá, como lo ordenan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Jalisco.
Como dijo don Alejandro Martí, cuando habló frente al Presidente Felipe Calderón y los gobernadores de todos los estados de México, con motivo de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública: Si no pueden, ¡renuncien!
Finalmente, ¿cuántos de los actuales gobernantes municipales de Tonalá se atreverán a buscar un nuevo cargo público en 2009?
Toca a los ciudadanos decidir si quieren otros seis años de escándalos y corruptelas o se deciden por cambiar.
La hora de la sociedad ha llegado. Ya no es tiempo de que unos cuantos decidan por todos.

arana1@prodigy.net.mx