No hay mal que dure cien años ni enfermo que los aguante. En el caso de los problemas en el seno del Ayuntamiento de Tonalá podría decirse que no hay mal que dure catorce meses y días que le faltan a la administración en curso, ni pueblo que los soporte callado.
En el ayuntamiento de Tonalá se pueden someter a votación acuerdos que implican afectaciones importantes a la vida del municipio, más se pueden incumplir y nadie dice nada.
Los hechos son más elocuentes que las palabras.
En las más recientes sesiones del pleno del Ayuntamiento de Tonalá han abundado los actos fuera de la ley, con absoluta impunidad.
Gran parte de la sociedad y algunos ojos dentro del propio Ayuntamiento miran con tristeza y enojo que las instancias que deberían intervenir para impedir que sigan dándose los abusos guardan silencio, por ignorancia o por complicidad.
Por ejemplo, los diputados locales por Tonalá, Carlos Rodríguez Burgara, del PAN; y Antonio Mateos Nuño, del PRI. Lo mismo los regidores de oposición en el Ayuntamiento de Tonalá, del PRI, Joaquín Domínguez, Salud Pacheco, Ignacio Arana, Gladis López y Saúl Curiel; y del PRD, Juan Manuel Gutiérrez.
Los hechos
El pleno del Ayuntamiento acordó, en Julio de 2008, mediante acuerdo 777, desaparecer el cargo de Directora de Desarrollo Organizacional y Capacitación por haber sido creado arbitrariamente, sin estar contemplado en el organigrama y, por consecuencia en el presupuesto de egresos.
El puesto fue creado para, Rocío Acosta, novia del presidente del PAN en Tonalá, Apolinar Alatorre Rodríguez, con un sueldo de 27 mil pesos que está cobrando desde Febrero de 2008.
El acuerdo de corregir la ilegalidad no sólo no ha sido cumplido, sino que el presidente municipal, Agustín Ordóñez, se ha negado abiertamente a respetarlo.
En la Dirección Jurídica a cargo de Lenin Cuauhtémoc Ríos, por propia voluntad nombró subdirector a un amigo y cesó a dos funcionarios . El regidor Carlos Marroquín pidió tratar el asunto en la sesión del Lunes 20 de Octubre de 2008, pero el presidente Agustín Ordóñez se negó sin justificar su decisión.
Otro acuerdo cumplido a medias es el de denunciar penalmente a los responsables de haber “clonado” y cobrado cuatro cheques por más de 700 mil pesos en conjunto de la Tesorería Municipal. Ya que aunque Banamex devolvió el dinero cuando se comprobó el ilegal cobro, la irregularidad no ha sido investigada.
Tampoco se ha dado seguimiento al “fraude cibernético” por 7 millones de pesos cometido en la administración del presidente Palemón García Real. Sigue sin ser aclarado. Este caso ha quedado en el olvido cuando en al inicio de la administración el síndico hasta se ausentaba de las sesiones por atender las audiencias, ahora con el paso del tiempo se olvida que son varios millones de pesos los que estan en juego en esta denuncia, de la que hasta la fecha no se tienen noticias de sus avances.
Asunto no aclarado es el de Pensiones del Estado. A pesar de que se rebaja la cuota salarial correspondiente al personal, no es enterada a Pensiones, por lo que la institución niega servicios. ¿Cuánto no ha sido entregado a Pensiones; dónde está el dinero; quién es el responsable de retenerlo al personal y entregarlo a Pensiones?
Tema sin información pública es el pago de indemnizaciones indebidamente pagadas. En caso de renuncia no se tiene derecho a liquidación, salvo el pago proporcional de vacaciones ,aguinaldo y retenciones legales; y en caso de mal desempeño debe cumplirse un procedimiento administrativo para soportar legalmente el despido. Pero las indemnizaciones son calculadas y autorizadas a capricho del presidente municipal.
Trasciende que en los despidos recientes como el del arquitecto Daniel Lepe, fueron entregadas cantidades cercanas a los doscientos mil pesos, ¿así sucederá con los empleados de semana a los que se les liquida? Es claro que no.
La desaparición del fondo para rescatar arquitectónicamente la garita de Puente Grande es otro asunto cuya aclaración y fijación de responsabilidades no camina. El Gobierno del Estado aportó 400 mil pesos y otro tanto el Ayuntamiento de Tonalá. La garita está abandonada y el dinero se esfumó.
Es extraño que siendo de las únicas obligaciones de los regidores el presentar iniciativas al pleno del ayuntamiento y de que estas sean votadas ya sea en favor o en contra, el presidente municipal se obstine en argumentar que no someterá algún punto controvertido, y que ningún regidor diga nada. Es de la mayor importanca que en estos casos se le exija al primer edil, que fundamente esta clase de decisiones que de nada ayudan a la cultura democrática al seno del ayuntamiento.
Las consecuencias
El presidente Ordóñez y sus más cercanos colaboradores están actuando, según denuncia el regidor Marroquín Gómez, como si fueran a durar eternamente en el cargo y fueran impunes frente a cualquier violación de la ley. Y, lo peor, se comportan como si la sociedad estuviera ciega y sorda y fuera tonta. Pero la realidad es otra.
Hay una denuncia penal contra malos manejos de las actuales autoridades municipales y la averiguación previa está a punto de ser concluida.
Por otra parte, hay grupos civiles que se han organizado para ejercer sus derechos ciudadanos y pedirle cuentas a la autoridad.
La responsabilidad en el ejercicio público sigue viva por varios años después de terminada la gestión oficial.
En caso de que al siguiente legislatura ya no fuera de mayoría del PAN, las autoridades de Tonalá no tendrían igual defensa que ahora.
En resumen, las autoridades municipales que encabeza Agustín Ordóñez no son eternas, no son inmunes al castigo legal y no se irán a otro país como para que no pudieran ser alcanzadas por el brazo de la justicia.
No hay mal que dure más de 14 meses, ni pueblo que lo soporte sin chistar.
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