La Procuraduría General de Justicia del Estado está a punto de terminar la averiguación previa, correspondiente a la denuncia penal 43/2008 presentada por el regidor Carlos Marroquín Gómez por la presunta malversación de fondos públicos y daños al patrimonio del Ayuntamiento de Tonalá.
De Abril de 2008, a la fecha, el Ministerio Público ha llamado a declarar a un centenar de personas, entre funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Tonalá.
La denuncia fue acompañada por documentos como pólizas de pago, audios, facturas, estados de cuenta y copias de cheques para respaldar la presunción de que el dinero del Ayuntamiento ha sido manejado fraudulentamente.
La Procuraduría de Justicia turnó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses un legajo de documentos para comprobar su autenticidad y hacer pruebas caligráficas, a fin de garantizar la validez de las firmas y el contenido de los papeles. Seis peritos contables de la institución han terminado su trabajo o están a punto de hacerlo.
Por su parte, el Ministerio Público terminó las diligencias testimoniales, documentales y la fe ministerial. Sólo faltan algunos detalles de las periciales para redondear el expediente.
En fuentes de la propia Procuraduría de Justicia se informó que en el mes de Febrero de 2008 estará en condiciones de turnar al juzgado correspondiente el expediente para iniciar el proceso.
Durante el desahogo de pruebas, el Ministerio Público llegó a recibir la declaración de 10 y hasta 15 testigos diariamente.
Trascendió que en el curso de la investigación se comprobó que numerosos proveedores de productos y servicios son inexistentes o cuando menos no ocupan el domicilio fiscal que aparece en sus facturas; hay pagos por varios millones de pesos de equipo que no aparece en el inventario de bienes municipales; hay un pago por “asesoría financiera” a una persona de apellido Marota que asciende a cinco millones de pesos cuya contraprestación no está comprobada.
La punta de la madeja que llamó la atención del Ministerio Público y que permitió ir desenredando el caso fue el pago de tres millones de pesos en préstamos a empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá sin pago de intereses.
El fiscal se sorprendió porque el Ayuntamiento no está autorizado para prestar dinero y menos sin pago de intereses, dado que el organismo Pensiones del Estado tiene esa obligación específica con el costo que le marca la propia norma.
Hay cheques cuyo destino se ignora porque quienes cobraron no existen legalmente.
Como resultado de la averiguación previa, quienes próximamente sean citados ya no serán en calidad de testigos, sino de indiciados, es decir, como presuntos responsables sujetos a prceso.
Hay razones fundadas para esperar que la Procuraduría General de Justicia del Estado soliste el desafuero de regidores.
Pudo saberse que la Procuraduría de Justicia recibió presiones desde el Congreso del Estado para suspender la averiguación, dadas las consecuencias políticas para algunos legisladores, pero las evidencias eran tan claras que no prosperaron las gestiones desde el Palacio de la calle Hidalgo.
La averiguación previa y la consignación del caso prevén consecuencias de alcances que colocarían al Ayuntamiento de Tonalá en el primer plano de las noticias negativas, en pleno proceso electoral.