En verdaderas bombas de tiempo, algunas de las cuales ya están estallando, se han convertido muchos de los fraccionamientos que proliferan en el municipio de Tonalá.
Sin ofrecer los servicios públicos más elementales como agua y drenaje dentro de las normas legales en la materia, son recibidos por el Ayuntamiento que preside Agustín Ordóñez.
La Dirección General de Infraestructura Urbana que encabeza Martín Corona, sin medir las consecuencias perjudiciales de sus decisiones o, lo que sería peor, a sabiendas de los problemas que provoca a corto plazo, permite que los fraccionamientos vendan casas sin ofrecer la certeza de abastecimiento de agua potable por parte del SIAPA, que es el organismo descentralizado encargado de hacerlo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Tienen redes de agua entubada, pero no está conectada al sistema metropolitano del SIAPA, mientras que no se obliga a ningún desarrollo a instalar plantas de tratamiento cuando menos primario de aguas negras para no contaminar los arroyos y las cuencas en general del municipio.
Seguramente esta manga ancha obedece a que el mismo Ayuntamiento de Tonalá es el primer contaminador del municipio por medio del Rastro Municipal y los edificios públicos que arrojan sus desperdicios al drenaje sin haberlos filtrado siquiera parcialmente.
El matadero de Tonalá es el principal contaminador del arroyo de La Tinaja o El Zalate. Los días de mayor actividad la corriente arrastra no sólo sangre, sino desperdicios sólidos, lo cual contraviene las más elementales disposiciones en la materia.
En el caso de los fraccionamientos nuevos, la Dirección General de Infraestructura les concede la habitabilidad de sus viviendas, a pesar de no llenar los requisitos de ley, lo cual equivale a sembrar graves problemas a futuro cercano, porque los vecinos exigirán al Ayuntamiento servicios públicos que los fraccionadores están obligados a proporcionar antes de vender sus casas.
Como advierte el regidor Salud Pacheco, lo malo es que los gobernantes actuales van de salida y los problemas se presentarán cuando ni Agustín Ordóñez, ni Martín Corona, ni Raquel Medina, estén ya en el Ayuntamiento para responder por sus acciones. Tendrán que enfrentar al toro autoridades que no tuvieron injerencia alguna en la creación del conflicto.
Lo riesgoso del asunto está en que no son uno ni dos, sino varios casos de desarrollos habitacionales de los que se hace cargo el Ayuntamiento de Tonalá con una simple autorización del Director General de Infraestructura Urbana, Martín Corona, y sus subalternos. A cambio del pago de derechos, los fraccionadores consiguen que la Comuna les reciba sus desarrollos y se libran de la responsabilidad de prestar servicios. Los funcionarios públicos reciben los nuevos conjuntos habitacionales a sabiendas de que no tiene el Ayuntamiento la capacidad de atenderlos.
Ahí está el caso de los fraccionamientos El Moral, Las Palmas, Pedregal de Santa Marta, Paseos de La Cañada, Villas del Cortijo, que sin tener conexión con la red del SIAPA venden sus casas proporcionándoles agua por medio de cisternas que llenan con pipas. A cada rato no ponen agua en los depósitos provisionales y la gente se queda sin líquido. Lo peor es que cuando estén vendidas todas o la mayoría de las viviendas, el promotor simplemente desaparecerá con sus ganancias y dejará la bronca al Ayuntamiento, cuando los verdaderos causantes del problema se hayan ido hasta del municipio porque no son ni viven aquí.
Esa es una de las desventajas de autoridades que se llenan de fuereños que no conocen, no les importa, ni sienten aprecio alguno por Tonalá y sólo vienen a cobrar un sueldo y eventualmente a hacer negocios.
Por otro lado la sindicatura del ayuntamiento señala que la gran mayoría de estos fraccionamientos fueron tramitados y decepcionados en administraciones anteriores, y que se tienen datos de graves irregularidades en los expedientes. Cabría entonces la pregunta de si se tienen documentados estas fallas por qué no se han denunciado, por qué no se han ejercido medidas para que no se sigan comercializando estas casas sin servicios, por qué no se ha exigido al SIAPA que con todos los recursos que se han recibido por concepto de incorporación a las redes de agua y drenaje, no se ha construido ningún colector o planta de tratamiento que impida que las cosas sigan como hasta ahora.
Como consecuencia de lo anterior y en virtud de que la autoridad municipal no está cumpliendo con su deber para con la comunidad, grupos organizados de la sociedad como la asociación civil “Todos por Tonalá” pedirán la intervención legal de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, la SEMARNAT, la SEDEUR, la SEMADES y el SIAPA, a fin de frenar el desorden y las ilegalidades que en materia de desarrollo habitacional nuevo se registra en el municipio propiciado por las autoridades salientes.

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