La inconformidad ciudadana se generaliza. Las barreras que ponen los partidos políticos para impedir que la sociedad civil participe en los asuntos públicos provocan acciones y reacciones que auguran, más pronto que tarde, la ruptura del monopolio que ejercen en materia de candidaturas a cargos de elección popular.
El librito, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es tan sencillo que su letra y su espíritu son entendidos por la gente ordinaria, pero quienes se benefician con su interpretación y su aplicación la enredan para que seguir usándola a su conveniencia.
Dice un principio legal que ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución.
El artículo 35 de la Constitución dice textualmente: Son prerrogativas del ciudadano:
I.- Votar en las elecciones populares;
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular.
En consecuencia, la disposición de que sólo por medio de los partidos políticos el ciudadano puede registrarse como candidato a un cargo de elección popular contraviene el espíritu y la letra de la norma suprema.
Lo que pasa es que quienes hacen las leyes llegan al cargo por medio de los partidos políticos y la práctica ha enseñado que las candidaturas se obtienen por negociación no por procedimientos en los que sean tomados en cuenta los militantes en su mayoría, ya no digamos la ciudadanía en general.
Los más variados pretextos encuentran las cúpulas legislativas y partidistas para impedir la participación abierta y generalizada de la ciudadanía en asunto tan importante como elegir a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los niveles federal, estatal y municipal.
El argumento más socorrido consiste en que si se permitieran los candidatos independientes de algún partido político se correría el riesgo de que grupos de poder económico o delictivo pudieran controlar cargos públicos por medio de personeros o prestanombres.
Caramba, como si antes y ahora no hayan intervenido o estén interviniendo intereses extrapartidistas u oscuros en la promoción de candidatos o en el manipuleo de funcionarios de elección.
La verdad es que el poder político siempre será no sólo tentación, sino objetivo de control por parte de grupos de presión y poder tanto legales como ilegales. Aquí es cuando y donde la autoridad tiene que establecer reglas claras y hacerlas cumplir para evitar que los delincuentes se hagan del Gobierno. El riesgo siempre ha existido y existirá.
El pensador, político y filosofo José María Luís Mora decía que desde los tiempos coloniales y el nacimiento del México independiente, los gobernantes le han tenido miedo al pueblo.
Hoy, cuando se afirma que la democracia se ha instalado en el país, ésta debe pasar de una simple fórmula aritmética electoral consistente en que gana el candidato que obtiene mayor número de votos, para convertirse en una forma de vida cotidiana en la que las mayorías ciudadanas sean tomadas en cuenta en las decisiones públicas. Un sistema de consulta permanente y operante es indispensable para que la sociedad participe, opine y ejerza no sólo sus derechos, sino practique sus obligaciones.
Vivir en sociedad conlleva primero deberes y luego derechos. Todavía no se ha inventado un país en el que sus habitantes sólo reciban beneficios y no aporten contribuciones económicas y sociales.
Todo lo anterior viene a cuento para ilustrar la necesidad de que bajo ningún pretexto siga vigente el monopolio partidista sobre los cargos públicos de elección popular.
La prerrogativa ciudadana establecida por la Constitución General de la República no tiene vuelta de hoja: Votar y ser votado.
Los partidos políticos por medio de sus legisladores no van a soltar el monopolio de las candidaturas por voluntad propia. Tiene que ser la presión ciudadana la que rompa el círculo vicioso, porque entre más se tarde la sociedad en romper el monopolio partidista, más durará la perjudicial dictadura de los pocos sobre los muchos.

arana1@prodigy.net.mx