Por la reacción de los dirigentes de partidos políticos, del Instituto Estatal Electoral, del Instituto Federal Electoral y de los principales representantes de los Gobiernos federal y estatal, la propuesta ciudadana consistente en anular deliberadamente el voto está calando más de lo que se esperaba.
Para políticos como Francisco Ramírez Acuña, los promotores de la iniciativa “Yo anulo mi voto” es un grupúsculo.
Para quienes viven del presupuesto , y muy bien, la decisión de anular razonadamente el voto no tiene utilidad alguna y no será tomada en cuenta a la hora del cómputo para fines prácticos.
En fin, para quienes quieren que las cosas sigan como hasta ahora y pretenden que la cosa pública sea exclusiva de los partidos políticos, de sus empleados en los Congresos legislativos federal y estatales y de quienes fueron puestos como árbitros para organizar y sancionar las elecciones, no votar por alguno de los candidatos registrados es sacrilegio.
La realidad es que la idea se ha extendido como lumbre en pasto seco y todo hace indicar que el voto nulo deliberado podría rebasar el diez por ciento del total depositado en las urnas, lo que sería una llamada de atención tan sonora como un repique de las campanas de la catedral de Guadalajara.
Es cierto que el voto nulo, no le servirá a partido alguno. Precisamente de eso se trata, de que no le sirva a partido alguno, sino que sea una expresión de protesta de gran parte de la sociedad inconforme con los abusos, los excesos y la soberbia de los partidos políticos, sus dirigentes y candidatos de siempre.
Concretamente en Jalisco, desde hace cuando menos tres legislaturas, los diputados se comprometieron a que la primera decisión que tomarían al iniciar su periodo sería la reforma electoral como lo demanda la ciudadanía.
¿Qué quiere gran parte de la sociedad?
Que quienes ocupen cargos de elección popular cumplan los tres o seis años de su tarea; que disminuyan los legisladores y regidores de representación popular, si es que no desaparecen totalmente; que para ser candidato de un partido distinto del que los llevó a determinado cargo pase, cuando menos, una elección; que desaparezca o disminuya al mínimo el subsidio federal y estatal a los partidos políticos; que disminuyan los sueldos y dietas, así como las prestaciones, de altos funcionarios y legisladores acorde con la situación económica del país; que viajes, autos, personal de apoyo, celulares, casas de enlace, gasolina, gastos médicos y “ayudas” para transporte, despensa y tareas de representación sean con cargo a su salario; permitir las candidaturas independientes rompiendo así el monopolio partidista; que en caso de reajustas del presupuesto nacional, los subsidios a los partidos y el presupuesto del Legislativo federal y estatal, sean reajustados; que rindan cuentas claras de cada peso que gasten los partidos y los legisladores y los representantes del poder ejecutivo.
En el periodo entre la elección y la toma de posesión, los candidatos electos reafirman su propósito de hacer las reformas que exige el ciudadano, pero en cuanto comienzan a cobrar en su nuevo encargo, con mil pretextos posponen sus promesas y simplemente las dejan al que sigue y el que sigue al que sigue.
Por eso, tienen razón quienes ven como única medida de presión al sistema anular deliberadamente el voto, ojo, que no es lo mismo que el voto en blanco.
Están en su derecho quienes promueven el voto nulo razonado porque lo hacen, según argumentan, como un paso adelante en la transformación de la sociedad. No quieren ser mayoría; no quieren hacer ganar a candidatos no registrados; no quieren ser voto útil de nadie; no quieren ir en contra de personas o grupos determinados. No, lo que quieren, y lo explican con todas sus letra, es decirle a los partidos políticos y al Gobierno que ¡ya basta!
O realizan la reforma del Estado y dentro de ésta las reformas electorales de fondo que reclama la sociedad, o, a lo peor, el “yo anulo mi voto” de hoy puede ser en un futuro cercano algo más que una protesta en las urnas.
¡Cuidado! PAN, PRI, PRD y demás membretes que viven del bolsillo del contribuyente, así como responsables de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los niveles federal, estatal y municipal, no cierren sus oídos a la voz ciudadana.
Como mera advertencia, ¿quién puede asegurar que los ciclos de 1810 y 1910 no pueden repetirse en 2010?

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