Uno de los grandes reclamos de la ciudadanía a los gobernantes de todos los niveles, de todos los partidos, de todos los lugares, consiste en la forma como se ha generalizado la impunidad frente al incumplimiento de la ley.
Quienes deberían poner el ejemplo, porque al tomar posesión se comprometieron a “cumplir y hacer cumplir la ley”, se comportan como si ellos estuvieran por encima de todo y de todos.
El ejemplo más cercano y concreto lo estamos viendo en Tonalá.
Ningún habitante del municipio puede sentirse ajeno a lo que está pasando a su alrededor.
Dice el dicho que “como el cura, la feligresía es”. En consecuencia, gobernantes y gobernados son una sola unidad. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo es el mandante y los gobernantes los mandatarios. En otras palabras y para entender mejor las cosas: El pueblo es el patrón y la autoridad el empleado. Quien manda es la sociedad y quien debe obedecer es el gobernante; y hay que enfatizar eso de QUIEN DEBE obedecer, porque en la práctica los políticos se comportan como patrones y tratan a los ciudadanos como sus empleados.
Vamos a los ejemplos para no hablar de memoria.
Cada fin de año, el pleno del Ayuntamiento de Tonalá, integrado por 15 regidores, el síndico y el presidente municipal, aprueba el presupuesto de gasto para el siguiente ejercicio que abarca de Enero a Diciembre.
Por escrito se establece un total de nueve mil y tantas partidas; el origen de los recursos; la descripción del gasto y el monto de cada renglón.
En términos globales, en el año 2009 el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Tonalá asciende a 600 millones de pesos.
Antes de aprobar el presupuesto de egresos, el pleno del Ayuntamiento aprueba la Ley de Ingresos y la manda al Congreso del Estado para que la ratifique o la modifique.
Así las cosas, tanto los ingresos como los egresos tienen carácter de ley, no se trata de una norma que quede a la voluntad del presidente o del Ayuntamiento en su conjunto obedecerla o no. Además, hay reglas legales para modificar tanto los ingresos como los egresos.
Importante obligación legal es mandar periódicamente, a lo largo del año, al Congreso del Estado para que lo revise la Auditoría Superior, su órgano técnico, el resumen sustentado de ingresos y egresos.
Es importante conocer todo este marco legal para entender los alcances de su incumplimiento por parte de quienes tienen la obligación de respetarlo y hacerlo respetar, comenzando con el presidente municipal, Agustín Ordóñez, como responsable del poder ejecutivo.
Transparencia y rendición de cuentas es un reclamo actual y generalizado de la sociedad frente a sus autoridades. Además, la Ley de Transparencia obliga a todos los ayuntamientos de Jalisco a establecer una oficina especial para subir a Internet todos los movimientos administrativos en detalle y contestar todas las preguntas que la ciudadanía quiera hacer sobre la marcha de los asuntos municipales.
Por eso, llama la atención que el Ayuntamiento de Tonalá ignore las reiteradas peticiones que varios regidores han hecho para que, por ejemplo, informe sobre la aplicación del préstamo que por 250 millones de pesos obtuvo el municipio; sobre el programa de obra pública directa municipal, su costo y la aplicación detallada de los recursos; el origen y el destino de los recursos estatales y federales para programas específicos, como los del Ramo 33.
Los hechos hablan de obras programadas y no ejecutadas como el rastro, los entronques viales de la cabecera municipal con la autopista a Zapotlanejo, el corredor turístico de Cruz Blanca al Cerro de la Reina, la renovación de la Avenida Tonaltecas, sólo para citar algunas.
Los acuerdos del pleno del Ayuntamiento aprobados y no realizados incluyen la regularización de bancos de materiales que funcionan al margen de la ley porque carecen de licencia anual, de estudios de impacto ambiental y de programas de rehabilitación. Dicho por algunos de los propios interesados, pagan en especie, pero sin recibo oficial de la Tesorería Municipal. ¿Quién fija los montos de la aportación, cómo son controlados, a dónde va a parar el material?
En resumen, si las autoridades municipales piensan que sus actos y sus decisiones pasarán desapercibidas y no tendrán consecuencias legales, están muy equivocadas, porque el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior revisará y aprobará o reprobará las cuentas.
Hoy, la presión ciudadana sobre el Sector Público se está expresando y haciendo sentir en las más diversas formas.
El reclamo generalizado contra la impunidad está a la orden del día y una de las exigencias mayores a la próxima Legislatura de Jalisco será, precisamente, hacer que rindan cuentas claras los gobiernos municipales.
El tiempo de la sociedad ya está aquí. Quien no quiera escuchar la voz de la ciudadanía porque está en el poder y se cree a salvo, que no olvide que en el caso de los 125 municipios de Jalisco, el 31 de Diciembre de 2009 terminará la gestión en curso y, aunque algunos vayan a ocupar otros cargos públicos, su responsabilidad como munícipes estará vigente.
La impunidad debe dejar de ser un estilo de vida para abrir paso a la cultura de la rendición de cuentas y el pago de facturas en caso de incumplimiento de la ley.

arana1@prodigy.net.mx